LMCipolletti 23 de noviembre 2009 - 21:00

UnTER apuntó contra Saiz por “persecución política”

Esta mañana, en conferencia de prensa, el secretario general de la UnTER, Marcelo Nervi, confirmó que se presentó en General Roca un amparo judicial con 22 fojas de argumentación recusando la resolución del CPE.

Cipolletti - El gremio docente UnTER reiteró su denuncia contra el Gobierno provincial por “persecución política” contra el docente Mario Floriani, pero esta vez apuntó directamente contra el gobernador Miguel Saiz a quien responsabilizaron de las medidas tomadas, informó la agencia de noticias ADN.

Representantes de UnTER dijeron que los vocales gubernamentales, Jorge Sartor y Amira Nataine, eran el brazo ejecutor del Poder Ejecutivo que actuaba en castigo por el “escrache” que se produjo en marzo de este año, en la casa particular del primer mandatario.

Según la UnTER el Gobierno cerró en abril pasado - argumentando cuestiones presupuestarias - una de las supervisiones de General Roca “para impedir el ascenso de Floriani, a quien por norma le correspondía. Ahora, en noviembre que se generó una nueva vacante en una de las supervisiones de Roca, se le inició un sumario, para que nuevamente no pueda acceder al cargo”.

Nervi explicó que el CPE no tiene facultades para iniciar un sumario y que estas acciones de investigación o prevención deben ser llevadas adelante por la Junta de Disciplina.

“Lamentablemente, tenemos que llegar a esta instancia judicial y hacer una denuncia pública porque creemos que hay una persecución de parte del Estado provincial a la militancia”, agregó.

Explicó que “este es el Estado y el Gobierno que tenemos que persigue a los compañeros por pensar distinto y que cuando no le alcanza con las cuestiones administrativas, incluso incurre en la persecución laboral”.

Por su parte, el vocal docente Héctor Roncallo explicó que el argumento del cierre de supervisiones por razones económicas no es real y puso como ejemplo la apertura de otras supervisiones innecesarias. Opinó que es una persecución para castigar y disciplinar al conjunto de docentes.

En este mismo sentido, el secretario de Prensa, Pedro Bichara, calificó la situación como “prácticamente de terrorismo de Estado”, ya que hay “una orden para sancionar laboralmente a alguien que ha sido señalado por los laderos del gobierno, como en las peores épocas”.

Se explicó además que se realizarán presentaciones en la Secretaría de Derechos Humanos y la defensora del Pueblo, donde se entregaran copias del amparo.