Guadalupe Maqueda
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De un día para otro, perdió la movilidad de la mitad del cuerpo, ya no pudo trabajar en la cosecha de fruta, ni aportar a la olla de sus viejos, ni salir a correr. El impacto de una bala policial lo confinó al encierro de su habitación varios años. Pero se aferró a la fe y salió a la calle.
Hoy es un hombre de 52 años, muy sufrido y con una salud de cristal que se deteriora de forma inexorable con el paso del tiempo. Está por perder la movilidad del brazo derecho. Aunque no se queda quieto, ejercita su memoria y la conversación. Y sale a la calle todos los días. Camina, anda en bicicleta y hace pileta para no dejarse vencer dentro de un cuerpo que se va paralizando.
Del Misael Bravo que era no queda casi nada, pero hay algo que permanece intacto y lo atormenta desde hace 18 años. Es el vacío que solo podría llenar el Estado que le dio la espalda cuando pidió ser indemnizado .Eso se llena con reconocimiento, con justicia, lo que le negaron el STJ y la Corte Suprema por vericuetos de la burocracia.
Hace poco tenía pensado desistir de su reclamo, pero se abrió una instancia de diálogo que esperanza, y en los ojos tristes de Bravo ahora asoma un pequeño resplandor, aunque le cueste sostener la mirada.
Su reclamo, que a lo largo de 18 años no escuchó ningún funcionario, tuvo eco muy lejos de acá. Su voz llegó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que convocó al gobierno argentino a que un plazo de tres meses haga sus observaciones y resuelvan las partes el conflicto por la vía de la conciliación.
“Ojalá, antes que me muera, me den una respuesta. Fue muy injusto lo que pasó conmigo todos estos años”, dijo Misael a LM Cipolletti.
Le cuesta hablar, pero se le entiende muy bien y su mensaje es claro: “Yo lo que quiero es me que escuchen y haya una solución”.
Más allá de pedir ser indemnizado, quiere que le reconozcan que fue un inocente. “Yo no estaba delinquiendo”, aseveró.
Los únicos que le pusieron el oído y lo acompañaron fueron sus abogados, Horacio Freiberg y Enrique Kohon, a quienes les agradece mucho no claudicar pese al tiempo transcurrido. También recuerda que la comunidad lo apoyó y reconoce la mano que le dieron sus hermanos.
Si hubiese una respuesta satisfactoria a su reclamo, además de encontrar paz, podría viajar a Europa para someterse a un trasplante espinal con células madre que mejoraría su calidad de vida. Pensar en esa posibilidad lo llena de entusiasmo.
Volvía de trabajar y recibió un balazo
El 19 de diciembre de 2001, en un saqueo que reprimía la Policía frente a un supermercado local, Bravo volvía de trabajar en bicicleta cuando recibió un balazo que le causó una incapacidad del 70% y afecciones que requieren tratamiento de por vida. “No me olvido de ese día. Fue a una cuadra y media del súper Alarcón. Yo sentí como un empujón, luego caí al suelo y me di cuenta de que sangraba. A los pocos minutos perdí el conocimiento y desperté en el hospital”, recordó. Nunca se pudo encontrar al culpable, pero quedó acreditado que la vaina era policial. Bravo no participaba de los saqueos, pero pasó muy cerca y fue herido. Asegura que sus padres le inculcaron los valores cristianos y le enseñaron a ser independiente y ganarse su propio sustento. La realidad es que su cuerpo lo limita bastante para poder ejercer un trabajo. Por eso, debe conformarse con una pensión por discapacidad.
Una víctima mortal en la represión por los saqueos
En diciembre de 2001, el Estado nacional se derrumbó. Con un nivel de desocupación alarmante y la economía quebrada, el gobierno de Fernando de la Rúa impuso un corralito bancario que impedía a los ahorristas sacar su dinero. La clase media y los sectores más vulnerables salieron a la calle, se impuso el estado de sitio y estalló el caos. Cipolletti fue uno de los puntos del país en los que hubo protestas y saqueos. La represión terminó en tragedia, con la muerte de una vecina que había salido de su casa para buscar a su hija, preocupada por los incidentes.
En Cipolletti, uno de los locales saqueados fue el supermercado Bomba de la zona norte, donde la Policía reprimió ferozmente. En medio de los incidentes, cayó muerta Elvira Abaca sobre la calle. La mujer fue una de las 39 personas que murieron durante la represión en las calles y su crimen quedó impune.
Abaca tenía 46 años y pasó por la calle Esquiú, como muchos otros vecinos, mirando casi sin poder creer la locura generalizada. Los que vivían más lejos escuchaban por radio o miraban por tele lo que ocurría en otras ciudades.
Frente al súper hubo gases, piedrazos, corridas y tiros cruzados. Uno de los balazos alcanzó a Abaca, quien se alejaba del lugar en bicicleta. El disparó se efectuó, presumiblemente, desde el supermercado o desde el techo del edificio, e impactó a la víctima por la espalda. Abaca murió en el acto. Su hija, de 25 años en ese momento, estaba junto a ella y fue herida en el pie con un perdigón de una bala de goma disparada por la Policía.
Las sospechas en torno al autor del disparo recayeron en los efectivos de la fuerza policial, que reprimieron el saqueo con violencia extrema. Se les secuestraron las armas a todos los involucrados, pero no se aclaró nada. La Justicia Penal nunca explicó de dónde vino exactamente el balazo ni quién apretó el gatillo. Sin embargo, el fuero Civil condenó a la Policía por la muerte y ordenó a la Provincia indemnizar a la familia.
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