El Superior Tribunal de Justicia confirmó una sentencia de una jueza cipoleña que había ordenado al Poder Ejecutivo Provincial que arbitre los medios pertinentes para proporcionarle una vivienda a una familia con dos integrantes discapacitados.
La decisión se derivó de un recurso de amparo interpuesto por un vecino que se moviliza en silla de ruedas y que, junto a su concubina, reclamó una respuesta al Juzgado de Familia 5 de Cipolletti, a cargo de Patricia Cladera. De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, la pareja resaltó que en el año 2000 gestionaron su inscripción ante el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro (IPPV) pero que pasó el tiempo y no pudieron acceder a una casa propia.
Cladera analizó la solicitud y consideró que “la realidad sobreviniente de la familia impone y torna imperioso el establecimiento de una excepción a los principios generales a fin de preservar la salud del niño y de su grupo familiar, sobre todo en atención al tiempo transcurrido desde la primera inscripción de los progenitores ante el IPPV -hace 16 años atrás- y el agravamiento del estado de salud de los amparistas, consecuencia de las condiciones insalubres en las que se encuentran viviendo”.