El Municipio respondió el requerimiento de información que le había hecho la defensora del Pueblo, Nadina Díaz, por la contaminación de los ríos en el ejido local. De la contestación surge que de un total de 12 empresas que descargan efluentes industriales en cloacas o desagües, solamente 9 de ellas permiten controles y cuentan con las certificaciones pertinentes para verter sus líquidos sin inconvenientes. Las tres restantes no dejan que se las fiscalice y no cuentan con autorizaciones para sus erogaciones contaminantes.
El Ejecutivo cipoleño aclaró además que los estudios de polución fluvial que ha impulsado en su momento determinaron la presencia en niveles de riesgo de la bacteria escherichia coli, relacionada con las aguas servidas, y arrojaron que no existían proporciones significativas de metales pesados como el plomo, el mercurio y el cadmio, este último, considerado como un indicador de contaminación petrolera.
La defensora viene desarrollando hace tiempo una intensa labor en procura de poner freno a la contaminación que afecta al río Negro y, en ese marco, se constituyó en querellante de la causa penal que por el tema lleva adelante el Juzgado Federal con asiento en la ciudad de General Roca.
Como parte de su labor, hace tres meses puso en conocimiento del Municipio los resultados de análisis de agua efectuados por la Prefectura Naval Argentina, los que concluyeron que en el curso fluvial hay, además de restos de materia fecal, naftaleno y petróleo.
Desde la Dirección de Comercio, que tiene bajo su jurisdicción el área de Gestión Ambiental, se elaboró y se envió al Juzgado de Faltas de la comuna, el informe de lo actuado a nivel local. El trabajo será remitidó a Díaz para que quede en claro lo efectuado y las dificultades que existen para una fiscalización total.
Ayer, Roberto Bichara, destacó que las 9 empresas que han respondido hace ya un tiempo a los controles incluyen galpones de empaque, frigoríficos y deshidratadoras de alimentos. Su labor cuenta, incluso, con la certificación del organismo de Control de Calidad y Protección de los Recursos Hídricos (Cocaprhi), que depende del Departamento Provincial de Aguas. Con estas firmas no existen prácticamente inconvenientes.
No ocurre lo mismo con las 3 compañías restantes (2 de servicios y la restante de elaboración de productos), ya que vuelcan sin supervisión los líquidos industriales al sistema de colectores que va a dar al río. Ninguna de ellas permite que se las controle efectivamente. Una de ellas, además, ya ha sufrido que se le aplique una contravención conjunta del Municipio y el DPA por contaminación. A las otras dos, se les llamó la atención para que colaboren con la fiscalización.
La situación descrita muestra las limitaciones que enfrenta el Municipio para que, en su jurisdicción, se pueda luchar contra la polución ambiental. La ayuda y buena voluntad de los privados resulta vital para el cuidado del medio ambiente.