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La jueza de garantías Laura González Vitale aceptó la formulación de cargos por parte del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti contra los ex intendentes Abel Baratti y Aníbal Tortoriello, la ex funcionaria municipal Lucila Chiocconi y empresarios de la construcción en el marco de la causa denominada Techo Digno. A los ex funcionarios municipales se los investigará por malversación de fondos públicos.
La jueza, quien está muy próxima a jubilarse, anunció su resolución este miércoles luego de una extensa audiencia realizada el martes en la que los abogados defensores, especialmente por parte de Tortoriello, plantearon una serie de nulidades para frenar la causa.
La magistrada no hizo lugar a los planteos y hasta cuestionó algunos de los recursos por ser contradictorios. Aseguró que se pedía rechazar la acusación formal para dar tiempo a producir pruebas. "Lejos de querer poner claridad, parecen querer poner obstáculos. ¿Qué mejor que garantizar una investigación, donde las defensas puedan desplegar los medios de pruebas a su alcance?", manifestó González Vitale en su resolución.
El defensor de Tortoriello había pedido frenar la causa porque "no hubo perjuicio" al Estado. La Justicia, de momento, considera que ese planteo no está probado.
La acusación estuvo a cargo de Santiago Márquez Gauna, Eugenia Vallejos y la fiscal adjunta Natalia Poblete. En el caso de Vallejos, se encargó de brindar un detalle de las presuntas anomalías y dar precisiones de los distintos montos que se abonaron a las empresas involucradas en la construcción de planes de viviendas financiados por Nación.
Desde la fiscalía se sospecha de una diferencia entre el dinero que se pagó a las firmas y los certificados de obra presentados ante las autoridades correspondientes.
Cuando se presentó la denuncia, Tortoriello aseguró a LMC que Baratti otorgó certificados de obra superiores al avance concretado por las constructoras, pero negó tajantemente faltantes de dinero tanto en la gestión de Baratti, como en la propia.
Para los acusadores, se concretó un “sobrepago”. Por este motivo, a los ex jefes comunales Baratti y Tortoriello los consideran presuntos autores del delito de administración fraudulenta en concurso real con peculado. Al resto de los imputados se les atribuye también el delito de administración fraudulenta aunque en calidad de supuestos partícipes.
La jueza González Vitale consideró que la Fiscalía tiene argumentos suficientes para continuar la investigación y presentar pruebas para llevar el caso a juicio. Durante el proceso, la defensa podrá presentar sus propias pruebas o cuestionar a los investigadores para evitar el juicio.
Márquez Gauna pidió ir a juicio y apuntó que “se pagó más de lo que se construyó”.