Al constatar que los autores de los falsos llamados eran menores que asisten a dicho colegio, las autoridades de la Central contactaron inmediatamente a los directivos del colegio, que notificaron a los padres.
Cansados de concurrir a escuelas de la ciudad, los bomberos habían pedido que se investigasen los llamados. Lo que para los adolescentes resulta una broma o la salvación ante una prueba obliga al cuartel a enviar dotaciones y reducir su guardia. Es que, aunque se presumen falsas, todas las denuncias son investigadas a fondo, temiendo que se trate de posibles atentados. Tantos operativos han aceitado el protocolo de acción, del que participan expertos de Bomberos, agentes policiales, personal de Tránsito y de Protección Civil.
El colegio Belgrano es donde más se repite la problemática, por lo que el castigo público busca frenar los llamados falsos. Ya se había convertido en una imagen habitual ver a todos los adolescentes en la plaza San Martín, mientras los bomberos registraban el edificio. Además de realizar tareas comunitarias, los adolescentes descubiertos deberán ir a la sede del 109 para observar cómo se trabaja en la respuesta a cada una de las denuncias.
Pena “leve”
Por ser menores de edad, la sanción consensuada para los bromistas fue leve en comparación con lo que puede ocurrirle a un adulto. La pena judicial por una falsa alarma sobre un explosivo puede ser de hasta tres años de cárcel. Así está escrito en el Código Penal y lo comprobó un cipoleño acusado por estafas que llamó a Tribunales para evitar el inicio de un juicio en su contra.