A partir de un acuerdo previo al juicio, se frenó el proceso contra dirigentes de ATE y la CTA que estaban acusados de privación ilegítima de la libertad por la ocupación de un edificio público durante una protesta en 2019. Por las audiencias judiciales, el gremio ATE realiza un paro de 48 horas que afectó totalmente la actividad escolar.
Los acusados eran Romeo Aguiar, secretario gremial de la CTA Autónoma y dirigente de ATE, Claudia Reyes, coordinadora de la Federación Nacional Territorial de la CTA Autónoma, y Zulma Dávila, secretaria general de la CTA Autónoma de Roca y secretaria adjunta de ATE en esa ciudad.
Por la causa judicial, ATE llevó a cabo una polémica medida de fuerza que, en principio, no tendrá consecuencias económicas para los afiliados que adhirieron. El gremio defendió la medida en defensa del derecho a protestar. "Denunciar trabajadores y dirigentes que protestan por diversos motivos para enjuiciarlos y condenarlos es la herramienta preferida del poder para disciplinarnos", dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE y la CTA Autónoma.
La jornada de paro incluye también demandas vinculadas al crítico escenario económico. El gremio mayoritario en el Estado rionegrino insistió en su reclamo de una "paritaria de emergencia" ante los últimos datos de inflación conocidos por el INDEC, que detonarían la pauta del 16% bimestral acordada en abril.
ATE además pide aumento de adicionales, el fin de la precarización laboral en la administración pública, ley de insalubridad y convenios colectivos de trabajo sectoriales.