Soria envió su proyecto de emergencia general

Las medidas están incluidas en un paquete de leyes que serán analizadas el jueves en la Legislatura.
 
El gobernador Carlos Soria presentó ayer en la Legislatura provincial el proyecto de ley que declara el estado de emergencia institucional, económico, financiero, administrativo y social del sector público provincial. Incluye la declaración de disponibilidad, por 180 días hábiles, a todo el personal de planta permanente, del Poder Ejecutivo y Legislativo, excepto  la  Justicia rionegrina, docentes, policías y agentes penitenciarios.
Además, el mandatario envió un paquete muy amplio de proyectos de leyes, entre ellos uno referido a la educación y otro a la minería, en la que se dejaría sin efecto la prohibición al uso de cianuro y mercurio.
Con otra iniciativa, el Ejecutivo busca adherir en todos sus términos a la ley nacional que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
También hay proyectos vinculados al Digesto provincial y la Fiscalía de Estado. Todo el paquete será analizado hoy en reunión de la comisión de Labor Parlamentaria para la sesión del jueves.
 
Derechos y deberes
El proyecto de emergencia (enviado en día de asueto administrativo, con acuerdo general de ministros) procura establecer que la sujeción a disponibilidad “no afectará los derechos, deberes, nivel escalafonario, salarial ni las modalidades propias de la situación de revista de los agentes de planta permanente”.
Uno de los artículos dispone la creación de la Comisión de Transparencia en el Empleo Público, integrada por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de gremios de los sectores involucrados.
Ese cuerpo elaborará y aprobará las “estructuras organizativas y plantas de puestos de trabajo de todo el sector público”, para lo cual tendrá un plazo 90 días hábiles para la específica tarea.
El proyecto plantea que “la autoridad competente determinará cuales serán aquellos empleados respecto de los cuales se hará efectivo el pase a disponibilidad, con percepción de sus haberes y cese en la prestación de sus servicios”.
El proyecto de ley estipula el procedimiento del pase a disponibilidad, reubicación y recalificación, tras lo cual prevé que “se extinguirá el vínculo de empleo público generándose, a favor del afectado, el derecho al cobro de la correspondiente indemnización”.
 
Indemnizaciones
También, se especifican los criterios a adoptar respecto de la cuestión indemnizatoria, los cuales “se adecuan a los parámetros normalmente utilizados en dicha materia. Respecto de esa cuestión, se especifica puntualmente el criterio a adoptar en relación a la base indemnizatoria que deberá utilizarse respecto de aquellos agentes que se hayan desempeñado como autoridades superiores”.