Cipolletti.- Como sindicato en el rol social que ocupamos creemos firmemente en el cambio que debe producirse en esta provincia, y a nuestro entender los cambios coyunturales deben promoverse, en primera instancia, desde la modificación y creación de las leyes, con un cuerpo legislativo activo y cercano a la sociedad y a los efectos de brindarle soluciones a los trabajadores, en definitiva al mismo pueblo.- Como ejemplo desde nuestro lugar planteamos la reforma del Consejo de la Magistratura y la Ley de Convenciones Colectivas para nuestro sector.- Asimismo manifestamos que el resto del cambio debe producirse administrando los recursos de esta provincia, con políticas inclusivas respecto de la sociedad, y particularmente con los trabajadores, no de la boca para afuera, sino con hechos.-
Somos conscientes de la situación financiera actual de Río Negro, y todos los días palpamos el esfuerzo, la predisposición y la paciencia, de todos los trabajadores para salir adelante, sin embargo este costo jamás puede atribuírsele a los trabajadores como responsables de esta situación económica, por el contrario, somos los principales damnificados, sobre todo teniendo en cuenta la increíble disparidad existente entre Magistrados y empleados.- De esta manera y a la vista de los hechos, se intenta someter al Poder Judicial a la misma política salarial que el Poder Ejecutivo, donde como primera y principal medida de gobierno se resolvió un “enganche” al Poder Judicial, que generó un aumento insólito para los funcionarios, que llego a más de un 350% de sus haberes, y a los trabajadores se les pide paciencia, compromiso y un 20% en el año?, desde que lugar moral se pretende adoctrinar, mediante leyes que atentan contra la estabilidad del empleo público, tanto así como económicamente a los trabajadores que solo buscan recomponer un salario claramente deteriorado con la inflación. Respecto del Poder Judicial y tal como dicta la constitución, señalamos que son facultades indelegables del mismo dictar sus propias políticas salariales.
En este caso, las acordadas 9 y 11 son una equiparación referencial que, lejos están de ser la panacea.- Desde el año 2005 hasta la fecha sólo sirvieron para ampliar la brecha entre magistrados y empleados, en la actualidad sólo para mantenerla.- Son innumerables los problemas a la hora de hacer efectiva la reglamentación mencionada ya que el Estado no asume el compromiso de posibilitar el cumplimiento de las acordadas dictadas por el STJ violando un acuerdo homologado por la secretaria de Estado de Trabajo. Los trabajadores judiciales exigimos redistribuir los ingresos del Poder Judicial, reivindicando la porcentualidad como herramienta fundamental para garantizar una escala salarial legitima, acorde, y ecuánime para todos los integrantes de este poder del estado, tal como se establece en la gran mayoría de las estructuras judiciales de la Republica Argentina, evitando la inmoralidad de que 1150 compañeros judiciales insuman la misma masa salarial que 350 Magistrados y Funcionarios, en ese sentido, no avalaremos presiones ni interferencias de ningún tipo, menos un claro intento de “equiparar para abajo”.
De la misma manera, demandamos que como principal referente de esta provincia el Sr. Gobernador, respete la Constitución Provincial y el Sistema Republicano de Gobierno, evitando atentar contra la independencia de poderes.- La historia nos ha enseñado que las políticas de ajuste no son la solución financiera, sino por el contrario, son el detonante de los innumerables ejemplos de caos social que hemos padecido. De esta manera confirmamos, que uno de los principales errores que se cometen con este tipo de manejos es gobernar desde los números y no desde y para las personas. Los empleados judiciales aspiramos a un Poder Judicial independiente, justo con la sociedad y con todos quienes lo integramos: No abandonaremos nuestra lucha por lograrlo.
(Fuente: SITRAJUR)