La campaña impulsada por el Municipio contra loteos irregulares está incluyendo la distribución de notificaciones y mapas a diversas instituciones, en las que se alerta sobre la necesidad de no dejarse estafar por ese tipo de emprendimientos.
Ante esta situación, la familia Rodríguez, propietaria de tierras y del fideicomiso Guadalupe, que se desarrolla en la zona del barrio Santa Elena, en un sector donde no está permitida la construcción de viviendas, está buscando un abogado para defenderse y que no se los considere como “estafadores”.
El abogado que se busca no será de Cipolletti, ni de General Roca ni de la región por cuanto los Rodríguez no les tienen mucha confianza a los letrados de la zona, por la influencia que las autoridades municipales y la dirigencia política oficialista tendría sobre el sector judicial.
Por ello, se han volcado a la búsqueda de un profesional de otro lugar del país, como Buenos Aires, que no sea influenciable ni tenga reparos en ir a fondo. Como condición excluyente el postulante deberá estar matriculado en Río Negro, ya que de lo contrario no podrá ejercer.
Zulma Rodríguez cuestionó con severidad la campaña de la comuna por incluir al fideicomiso Guadalupe, de su propiedad, que tiene “todos los papeles en regla” y solamente se dedica a la venta de tierras, lo que está permitido por la Constitución Nacional y las leyes vigentes en el país. La mujer insiste que tiene el derecho de comercializar el loteo, aunque el Municipio, ejerciendo sus facultades, no lo considere en la zona apta para la urbanización.
Rodríguez indicó que, como parte de la política oficial, se le está haciendo llegar a diversas entidades, como la de los regantes, informaciones y mapas en los que se detalla los lugares en que no se permite lotear, por tratarse de zonas no urbanizables. De esta manera, se está expandiendo el radio de acción de los cuestionamientos públicos que efectúa el Municipio y con ello la consideración de “estafa” para el fideicomiso se extiende por diversos ámbitos y afecta el buen nombre y honor de la familia, lo que “no lo voy a permitir”.
El Municipio, en su notificación a diversos sectores de la comunidad, busca evitar que se concreten ventas de terrenos en zonas prohibidas, ya que los compradores no podrán acceder a los servicios básicos, ni construir viviendas legalmente.
La propietaria dijo que la búsqueda de un abogado de fuera de la región, en particular, de la Ciudad de Buenos Aires, se hace para que actúe en contra de los funcionarios que resulten responsables del desprestigio de la familia, porque “no somos estafadores. Estamos actuando conforme a las leyes y la Constitución y no permitiremos que ensucien nuestro apellido”.
Agregó que, incluso si tiene que invertir mucho por la representación legal y hasta pierde parte de sus tierras para pagar honorarios, no cejará en el empeño de defender la honorabilidad de su familia.
Mientras, continuará con la labor del fideicomiso y la venta de parcelas a las personas que las quieran adquirir. Enfatizó que sus propiedades no tienen potencialidad como tierras productivas y dijo que hoy prácticamente no cuenta con más fuentes de ingresos que vender sus tierras.