Piombo había reclamado que se suspendiera el proceso, considerando que vulneraba dos derechos de los imputados: la definición de su situación en un plazo razonable y la prohibición de un doble juzgamiento por un mismo hecho.
Para el juez Enrique Mansilla, sin embargo, ninguno de los dos aspectos es admisible desde lo legal. Aseguró, en el voto rector del fallo, que la Corte Suprema contempla diferentes antecedentes respectos de los tiempos de cada proceso y criticó a Piombo por utilizar los mismos argumentos que ya le habían resultado inútiles al abogado particular que lo antecedió en la defensa de Aguirre y su hijo.
Piombo había planteado como principal argumento el fallo de la Corte Suprema que benefició a David Sandoval, quien había sido sentenciado en un segundo juicio por la Masacre del Laboratorio. Sin embargo, Masilla consideró que hay una diferencia sustancial entre ambos casos. El magistrado afirmó que el juicio original contra los Aguirre no tuvo sentencia, ya que el fallo fue anulado. “Se trata claramente de un acto procesal -sentenciante- que no tiene validez”, afirmó Mansilla. Y sostuvo que el defensor oficial “tampoco reparó en que no se encuentra presente en el caso otro elemento necesario para que se dé la vulneración alegada: que la primera sentencia haya adquirido firmeza, lo que sí impediría llevar a cabo un nuevo juicio y dictar, eventualmente, una sanción”.
Con la adhesión de los jueces Ricardo Apcarián y Sergio Barotto se desestimó la apelación y se ratificó la orden de realizar un nuevo juicio contra los acusados.
El primer juicio
Aguirre y su hijo fueron acusados de planificar y ejecutar el asesinato a golpes de Zerdán luego de una larga serie de idas y vueltas en su situación procesal. En 2001 los investigadores los desvincularon de la investigación, pero los detuvieron tres años más tarde y los juzgaron en 2008.
La principal prueba, y polémica, en el primer juicio fue una huella dactilar marcada sobre sangre de la víctima, en la escena. Para la acusación, pertenecía a Aguirre, mientras que la defensa sostuvo que no se podía acreditar con certeza a quién pertenecía. La duda determinó su absolución.