Un hombre, a quien la policía sorprendió con una ametralladora paseándose por el barrio la Paz de Cipolletti y agredió de un empujón a una sargento de la fuerza que lo fue a detener, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento obligatorio.
La pena resultó de la sumatoria con una sentencia de un año de cárcel condicional impuesta en diciembre de 2019.
La acusación fiscal describió que el mediodía del 9 de enero del año pasado, Cristian Cháves deambuló por el plan habitacional ubicado en la calle Mengelle, al norte de la ciudad, portando una pistola ametralladora semiautomática “de hombro”, calibre 9 x 19 marca Beretta de fabricación italiana, modelo 38/42.
Los peritajes posteriores determinaron que estaba apta para disparar, llevaba once cartuchos en el cargador y tenía la numeración limada. En tanto que la ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) informó que el acusado “no se encuentra facultado para su portación”.
Tras detenerlo lo imputaron por el delito de “portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional”. En otro hecho aparte lo acusaron por “resistencia a la autoridad” por el ataque a la uniformada, dado que impidió con su reacción que ella cumpliera “con un acto propio de sus funciones, consistente en la aprehensión del imputado”.
Cháves admitió su responsabilidad en un juicio abreviado propuesto por la fiscal Vanina Bravo y el abogado defensor Federico Diorio.
También aceptó el monto de la pena impuesta y la prohibición de portar armas de fuego por el lapso de seis años, también consensuado entre las partes.
El juez Julio Sueldo aprobó el acuerdo y dictó el fallo en los términos convenidos. Sostuvo que además de la confesión del acusado, fueron determinantes las pruebas presentadas por la Fiscalía, no objetada por la defensa.
Además, por pedido del propio Cháves, el magistrado dispuso que sea alojado en la Comisaría Cuarta hasta tanto el Servicio Penitenciario Provincial disponga donde cumplirá el castigo.
Puntualmente Cháves solicitó que lo manden al Establecimiento Penal Nº 1 de Viedma, que ya que “tendría inconvenientes por su seguridad tanto en el Penal de Cipolletti, como en el de General Roca”.
Por ese motivo Sueldo ordenó librar un oficio al Servicio Penitenciario transmitiendo lo que había planteado el condenado.