El dueño de las tierras donde se asentó el Barrio Obrero pidió gestos de las familias y el Estado para lograr una solución alternativa. Una vez más, Carlos Romero hizo pública su preocupación por la pasividad del Gobierno y la Justicia y ratificó que, si no hay voluntad de los demás interesados, ratificará su pedido de recuperación del inmueble a través de un desalojo. “Creo firmemente que hemos obrado con la ley en las manos y ésta nos ha dado la razón, mi decisión está tomada. No soy ni seré responsable de lo que pase y presentaré nuevamente el escrito pidiendo el desalojo a menos que alguien ofrezca otra solución”, sostuvo Romero, quien cuenta con sentencias favorables en todas las instancias de la Justicia rionegrina.
La condena original, que ordenó la restitución de las tierras fue seguida de un fallo de Cámara que dispuso una serie de pasos antes de concretar el desalojo. Todas las restricciones tornan casi impracticable la liberación por la fuerza de las parcelas ubicadas al norte de Naciones Unidas y Circunvalación. Sin embargo, la medida tiene vigencia y obliga, al menos, a abrir el diálogo.
Romero aseguró haber mantenido encuentros con el intendente Abel Baratti y con el juez Alejandro Cabral y Vedia, aunque sin lograr ningún tipo de avance. Con los usurpadores, en tanto, no hubo hasta el momento conversaciones formales a pesar de las urgencias y el temor en la toma por una posible orden de desalojo.
Según explicó Romero, debe formalizar su petición de desalojo antes del lunes 21. Y confirmó que lo hará, a modo de presión para que se presenten propuestas para regularizar la tenencia de las tierras.
Intervención de Nación
En el Barrio Obrero, las familias apostaron fuerte a la posibilidad de la expropiación de las tierras. Sin embargo, esa alternativa quedó descartada por la defensa de la comuna de su política habitacional. La última carta a la que se aferran es el compromiso verbal del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich de interceder en el conflicto. En los últimos días una tasadora enviada por Nación recorrió el asentamiento, aunque se desconoce si habrá mediación directa o el pago de una expropiación.
“El Municipio, la Provincia y Nación pese a que Capitanich envió una comisión de tasadores no tienen intención de ayudar en nada, es solo pérdida de tiempo”, cuestionó Romero y reclamó determinaciones urgentes para evitar una resolución judicial del conflicto.