En su intimación, rechaza "enérgicamente" todas las acciones que Tortoriello pretenda implementar "en aras de urbanizar y/o brindar servicios" en el predio que "fue usurpado el 9 de abril de 2009".
Tras recordar que hay sentencia firme contra la usurpación, le reclama al jefe comunal, "como parte integrante de los poderes del Estado, que cese en sus manifestaciones y/o actos sobre acciones tendientes a desconocer y desoír sentencies firmes del Poder Judicial, en todas sus sentencias, provocando conflicto de poderes, desconociendo y vulnerando mis derechos y los de los propietarios por mí representados" y que están reconocidos por las constituciones Nacional y Provincial.
El apoderado rechazó "de plano" el rol de "mediador" que pretendería asumir Tortoriello "en este conflicto, en tanto Usted (por el intendente) es parte como representante del Estado" y en este caso "un mediador debe ser un tercero imparcial, elegido por ambas partes". Por todo ello, lo conminó a cesar en "cualquier acción o manifestación en perjuicio de mis derechos y del resto que represento, bajo apercibimiento de iniciar las acciones civiles y penales que me competen".
Cifra
462 son las familias asentadas en el Barrio Obrero A.
La toma se concretó en 2009 y desde entonces sus participantes vienen reclamando una solución definitiva al tema de la tierra. Desde hace un tiempo, piden la expropiación por parte del Estado.
