Al igual que Emiliano Gatti, el hombre de Bariloche que fue detenido y luego liberado por una causa de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil fue separado de sus funciones en su trabajo. Tampoco podrá salir de la ciudad hasta tanto se avance en la investigación preliminar, que podría llevar hasta seis meses.
El sospechoso, identificado con el apellido Lulich, tiene 48 años y se desempeñaba en la empresa rionegrina INVAP, en la localidad lacustre de San Carlos de Bariloche.
Luego de darse a conocer los hechos, la firma estatal comunicó el jueves pasado que "la persona involucrada (en el caso de intercambio de imágenes de abuso sexual infantil) ha sido relevada de sus tareas", según informaron desde la agencia Télam.
"Frente a las noticias de público conocimiento en las que se encuentra implicado un empleado de Invap en investigación judicial, la empresa manifiesta su enérgico repudio a este tipo de delitos aludidos", indicaron en un comunicado.
Según explicaron fuentes judiciales, la investigación se extenderá por seis meses, en los que los acusados "no podrán salir del país ni de la provincia en la que residen; además deberán acudir a firmar al Ministerio Público Fiscal local el primer día hábil de las semanas correspondientes", indicaron los voceros judiciales.
El megaoperativo "Red Federal en Alerta" contra la explotación sexual infantil avanzó con 70 allanamientos simultáneos el martes pasado en todo el país.
Además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), desde donde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad coordinó las tareas realizadas, los procedimientos se desarrollaron en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Rio Negro, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Catamarca, San Luis y Tucumán.
Si bien la causa continúa en investigación, y los allanamientos aún no terminaron, hasta el momento se logró la detención de 27 personas en todo el país, se secuestraron alrededor de 2.000 dispositivos de almacenamiento de datos entre tablets, celulares y computadoras, y se contabilizaron más de 12.000 archivos con contenidos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, de los cuales 5.000 se encontraron en dispositivos electrónicos en CABA.