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Como en botica, la apertura de los alegatos en el juicio oral por narcotráfico tuvo de todo y mientras la fiscal consideró probada la culpabilidad del conjunto de los acusados, la defensa encontró serias irregularidades en la investigación y reclamó al Tribunal Oral Federal de Roca la nulidad del proceso.
Ayer fue otra jornada extensa en la sala de audiencias del TOF, pero que no tuvo desperdicio por las destacadas exposiciones de la fiscal Mónica Belenguer y los abogados defensores Juan Vincenty y Gustavo Palmieri. Este último se permitió en el cierre dar una clase de derecho y garantías constitucionales, que generó suma atención de las partes y el público.
Al igual que durante la ronda de testigos, la parte acusadora arrancó su alegato haciendo un repaso minucioso de los inicios de la causa penal y el desarrollo de la investigación que encabezaron los efectivos del Departamento Toxicomanías de la Policía neuquina. “Esta causa se inicia en el 2011; se tenía conocimiento de que Montecino seguía en la venta ilegal”, explicó Belenguer refiriéndose al derrotero del cipoleño, que primero fue apresado y luego, se empezó a sospechar que continuaba protagonizando actividades ilícitas desde el interior de la Colonia Penal 5.
La representante del Ministerio Fiscal se apoyó en los aportes brindados por los efectivos que participaron de las pesquisas y dio importancia relevante a los resultados de las escuchas telefónicas. Recalcó que “Montecino está muy identificado por el tono de voz, tantas horas de escucha lo tornan fácilmente reconocible”.
También respaldó las escuchas al señalar que “la herramienta fundamental que operaban era el teléfono”. Y en este marco, dedicó un párrafo especial al cabo primero de Toxicomanías que se encargó de transcribir los diálogos.
Para la Fiscalía fueron audaces los encargados de la investigación en no avanzar con arrestos previos porque “si se hubiere detenido antes, secuestrado antes, estaríamos haciendo un juicio sobre tenencia para consumo o comercialización” y no se habría llegado a la causa de relevancia.
A la hora de vincular a los detenidos con la droga secuestrada, enumeró los procedimientos en Cipolletti y Centenario y la cantidad encontrada.
Frente a los resultados de los procedimientos, Belenguer destacó que “se había encontrado una organización que estaba almacenando y comercializando droga”.
Sin atenuantes
Ya en la mitad de su alegato, la fiscal desmenuzó las responsabilidades y fue precisa en las acusaciones. De Montecino planteó que no tenía atenuantes y recorrió los múltiples agravantes de su conducta. “En vez de aprovechar la posibilidad de rehabilitación (en la cárcel), tristemente siguió vinculando a personas jóvenes (con el tráfico de drogas)”, argumentó. Por esta razón, solicitó un castigo de 15 años. A Sergio “Condorito” Dávila lo apuntó como uno de los organizadores de la supuesta banda y reclamó 15 años de cárcel.
Después, no tuvo reparos para indicar que la detenida, Macarena Domínguez “sabía perfectamente lo que estaban almacenando en el domicilio que alquilaban”. Pidió 8 años de prisión.
Iguales consideraciones hizo respecto del novio de Domínguez, Cristián López y solicitó diez años de cárcel. La pareja no ocultó su desaliento ante el pedido de la fiscal y sólo atinaron a aferrarse las manos.
Sobre Jorge “Topo” Navarrete enfatizó que “actuaba en igualdad de jerarquía que López. Formaba parte de la organización de tráfico de estupefacientes”. En este caso, reclamó una pena de 10 años.
Entre las mujeres, según Belenguer, Ana Manosalva Campos tenía “una estrecha vinculación con Montecino, se encargaba de funcionar como boca de expendio” y por eso requirió seis años de cárcel. Lo mismo consideró de Beatriz Gutiérrez.
En cuanto a la pareja oriunda de Centenario, formada por Cecilia Soto y Nicolás Reyes, la fiscal descartó que tenían droga en su domicilio para consumo personal y avanzó con una acusación de “tenencia con fines de comercialización”. Para ambos solicitó seis años de castigo.
De Manuel Ribera Pabst, indicó que “era una figura importante dentro de la organización” y pidió al Tribunal presidido por el juez Armando Márquez una pena de 13 años contemplando sus antecedentes.
No tuvo reparos tampoco para la ex mujer de Dávila, Ramona Luna y su hermano, Héctor Bravo, y requirió para la primera 10 años de prisión y para el segundo, 6 años.
El pedido de pena más leve recayó sobre Julio Bertot y fue de cuatro años.
“Violación de garantías”
En horas del mediodía y finalizado el alegato de Belenguer, fue el turno del abogado de Montecino y Dávila, Juan Vincenty. Concreto, dijo que el proceso enfrenta una “nulidad absoluta”. Mostró su disconformismo con las intervenciones telefónicas y resaltó que “no puede un proceso penal comenzar teniendo como medidas a las escuchas telefónicas”.
El defensor evaluó que “no se puede llegar a altas condenas en base a violación de garantías” y denunció que se intervinieron más de 100 líneas telefónicas de particulares.
En relación a las acusaciones, puntualizó que “no se consignó lo que hizo cada uno. No aparece la organización” y requirió la absolución de sus defendidos.
En la misma línea, el abogado de Ribera Pabst, Gustavo Palmieri, fue duro con la acusación de la fiscal porque no mencionó “ni una sola palabra sobre las imputaciones de almacenamiento”. Consideró que los cargos no los puede “sostener en términos fácticos”.
Se mostró coincidente con Vincenty en el pedido de algunas nulidades y fue muy crítico en relación a las escuchas (ver aparte).
No ocultó su sorpresa por lo sucedido con los testigos durante el debate que “nos ofrecían las conclusiones. Enganchar diez años a una persona porque a un oficial le parece algo”.Cerró su alegato reclamado la absolución “lisa y llana” de su representado.
De esta forma, se transitó la primera etapa de los alegatos, que continuará hoy a partir de las 9 con el resto de los abogados defensores.