En las tierras de la zona norte en las que se asentó el Barrio Obrero se mantienen las barricadas y la guardia vecinal para evitar un intento de desalojo, aunque la Justicia no está aún en condiciones de ordenarlo. Entre el temor y la presión en busca de la expropiación, los habitantes del sector se mantienen en alerta, pernoctando por las noches en los ingresos al lugar.
Respecto de la definición del Superior Tribunal de Justicia, que el miércoles les denegó el recurso federal de su apelación al desalojo, ratificaron que recurrirán en queja para que la Corte Suprema de Justicia analice la disputa que mantienen con el dueño de las tierras.
Por otro lado, dejaron en claro que sólo contemplan la expropiación como método de resolución alternativa del conflicto, algo que choca con los intereses del propietario y de las posturas que informalmente manifestaron funcionarios de los gobiernos local y provincial. Todos ellos sostienen que se debe realizar una negociación directa, que no involucre fondos estatales, garantes del pago ante una declaración de utilidad pública.
La flexibilidad de las familias en ese punto será clave para que no fracase nuevamente el proceso de negociación, que hace años estuvo a punto de cerrarse, pero se cayó por discrepancias en la forma de pago.
"Nosotros no queremos las tierras gratis, pero sí abonar el valor real de cada lote y no un costo irrisorio, como nos pide (Carlos) Romero", repitieron referentes del sector.
Por el momento se desconocen los nuevos plazos del proceso, porque la toma no había sido notificada del fallo del STJ y aún no había elevado su recurso de queja ante la Corte. Especialistas afirmaron que la presentación no detendrá el proceso de mediación que debe arbitrar la Justicia local, pero sí un hipotético desalojo.
"No sabemos qué va a pasar, porque todavía la causa no fue enviada a Cipolletti. Lo que sí está claro es que las familias vamos a defender los lotes, no vamos a permitir que nos desalojen", manifestó la dirigente vecinal Lilia Calderón.