En el Ejecutivo cipoleño hay un pedido de informes firmado por la concejal Valeria Fernández para que se detalle cómo se terminó destruyendo una motocicleta que no cumplía con los requisitos. Además del tiempo transcurrido desde el secuestro, la comuna está obligada a confirmar que los dueños no tienen intenciones de recuperarlos. Para eso, se debe publicar un edicto para evitar reclamos posteriores.
El vehículo fue secuestrado en el 2013 y en mayo de este año, el dueño participó de una audiencia judicial en la que solicitó facilidades para costear la multa y la guarda, que finalmente fueron aprobadas.
“Cuando fui a retirar la moto, me dijeron que se fue a desguace. Yo pedí un papel, o algo que diga que no estaba, y no tenían nada. La moto no figuraba”, relató el vecino. Se trata de un rodado de 110 centímetros cúbicos marca Mondial.
“Ahora me dicen que mi moto ni andaba, pero no es así, andaba muy bien. Por ahí estaba un poco cagada por los pájaros y las ruedas desinfladas nomás, pero seguro que andaba lo más bien”, se quejó el cipoleño, quien espera el resultado de las acciones legales. Ante el efusivo reclamo del denunciante, la comuna le habría ofrecido 7 mil pesos por los daños a su patrimonio. “Yo nada más quería mi moto y me deberían dar una ellos, con mi nombre”, aseguró el damnificado.
Silencio
La hipótesis que tiene el vecino es que su motocicleta se mezcló con aquellas que fueron secuestradas antes de diciembre de 2012. “Mi moto se perdió ahí, con ésas”, intuye.
Este medio intentó conocer detalles de lo ocurrido por parte de funcionarios municipales, aunque las autoridades responsables del área afirmaron no conocer el caso. Fernández, en tanto, tampoco recibió aún una respuesta oficial a las consultas que efectuó hace más de un mes.
Quejas similares por maniobras en el cementerio La comuna registra otras denuncias abiertas por errores irreparables. Se trata de situaciones mucho más sensibles que el desguace de una motocicleta, ya que hay expedientes judiciales por exhumaciones de restos humanos efectuadas presuntamente en forma irregular.
Una de las presentaciones es evaluada por la Cámara Civil de la Justicia cipoleña, que debe resolver si corresponde indemnizar a una vecina que denunció a Servicios Públicos por remover el cuerpo de su abuela de la sepultura que rentaba la familia, sin que mediasen deudas u otras irregularidades. La mujer entendió que la comuna incumplió el contrato de locación y reclama el pago de una suma en efectivo en concepto de daño moral por la cremación de los restos, medida que estima arbitraria e ilegal.
Entre 2013 y 2014 hubo varias quejas similares, ya que Servicios Públicos encaró un duro control del cumplimiento del la cancelación de las cuotas. El cementerio cipoleño ya quedaba chico para las necesidades de la ciudad y se había tomado la decisión de liberar los espacios de las familias que no pagaban las cuotas. “El espacio en el cementerio se alquila por períodos de cinco años, y aunque sea difícil de entender para algunos, tenemos que hacer cumplir los contratos”, fundamentaban los funcionarios. Sin embargo, algunas familias sancionadas aseguran que, en realidad, estaban al día y sufrieron el doloroso manoseo de los restos de sus seres queridos.
El resultado de la demanda judicial más avanzada serviría como antecedente para los demás casos judicializados. Algunas familias confían en obtener un fallo favorable, pero detallaron que el avance de los expedientes es mucho más lento de lo que esperaban.
