En su carácter de ex presidente de la Federación de Bomberos de Río Negro, el actual intendente Aníbal Tortoriello tendrá que dar “explicaciones convincentes” sobre la utilización de los más de 43 millones de pesos que le otorgó el gobierno provincial a la institución. Mañana concluye la feria judicial y hay grandes expectativas sobre el avance de la causa abierta en la Justicia para dilucidar la situación, que afecta la figura pública del jefe comunal.
Así lo enfatizó ayer el legislador Marcelo Mango, impulsor de la investigación legal junto con otros parlamentarios del Frente para la Victoria. Mango y la también legisladora Carina Pita son cipoleños y siguen de cerca tanto la política municipal como la realidad general de la urbe.
Mango afirmó que hace un año la Federación de Bomberos debió haber informado sobre el uso de fondos públicos.
“El intendente tiene una denuncia penal grave y deberá explicar el uso de los fondos”, enfatizó y dijo que “hay cuestiones que requieren una investigación profunda”. Por ello, fue muy crítico en cuanto a que Tortoriello “no ha respondido” como se esperaba que lo hiciera, pese a la trascendencia del caso.
Mango consideró que “hay tres cosas particularmente graves” en el manejo que habría hecho la Federación de Bomberos mientras estuvo a cargo del hoy intendente. Una de ellas se relaciona con la utilización de “una empresa off shore” con sede en Montevideo, Uruguay, para las operaciones involucradas en la causa.
Otra está vinculada a los posibles “sobreprecios” que se habrían pagado por la adquisición del equipamiento para los bomberos y, en cuanto a la tercera, se trata de “la no presentación de documentación” que falta y que resulta necesaria para determinar la legalidad de los procedimientos utilizados.
Sobre la firma off shore, Reditrans SA, indicó que hasta ahora se conoce de la existencia de una empresa colombiana del mismo nombre que la usada por los bomberos pero que se dedica al transporte de gas. Ahora se busca averiguar si la compañía tiene en realidad algún vínculo con las operaciones concretadas.
Además, destacó que resulta “muy llamativo” que la firma radicada en la capital uruguaya comparta oficina con una veintena de otras más, tres de las cuales están siendo investigadas por narcotráfico.
En cuanto a los denunciados sobreprecios, recordó que en el caso de una “autobomba” habría sido adquirida por un valor hasta 5 veces mayor que los disponibles en los mercados.