La funcionaria del organismo de control planteó "la creación de un cuerpo de inspectores adecuado a las necesidades de fiscalización y el establecimiento de sanciones ante los incumplimientos". Hoy, a pesar de que la Provincia recibe los reclamos, no puede aplicar sanciones y se desvirtúa el control de las frecuencias y el estado de las unidades.
Con respecto al proyecto de ley, se prevé la informatización del área de Transporte y se propone que el gobierno designe "un número adecuado" de inspectores "capacitados" en la materia y "dotados de tecnologías" para desempeñar su tarea.
Los inspectores tendrían a su cargo la recepción y el seguimiento de los reclamos de los usuarios en oficinas locales de atención al público. El funcionario responsable tendría la obligación de dar respuesta escrita a la totalidad de los reclamos dentro de un plazo que no podría exceder los 20 días hábiles.
"Otra cuestión a resaltar tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, tendrán derecho a ser transportados gratuitamente sin más requerimiento que la presentación del certificado de discapacidad. Además, este derecho será extensivo a un acompañante en caso de necesidad documentada", amplió la defensora. El beneficio ya rige por una ley nacional y, en la mayoría de los casos, se cumple sin problemas.
