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Vuelven los radares a Río Negro: ¿Qué contempla el nuevo esquema?

El 29 de septiembre Río Negro abrirá la licitación para un nuevo sistema de radares con cambios e incorporaciones.

La provincia de Río Negro se encamina a un nuevo capítulo en materia de control vial. Los radares tendrán luz verde a partir del 29 de septiembre, a las 10 de la mañana, cuando se realice la apertura de sobres para la licitación pública que busca implementar un nuevo sistema integral de captación y procesamiento de imágenes para infracciones de tránsito. El proceso se sustenta en el decreto firmado en junio por el Gobernador, que declaró de interés público una iniciativa privada presentada por la empresa Brocart S.A.

La propuesta, que había sido analizada en marzo por una comisión especial y recibió aval unánime para avanzar, contempla la instalación de equipos de control automático de velocidad, dispositivos para detección de infracciones y balanzas dinámicas para camiones, entre otros elementos.

En julio de 2024, la Legislatura provincial suspendió el funcionamiento de los cinemómetros que no contaran con la autorización de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Ese freno normativo dejó a Río Negro sin radares activos, lo que derivó en la necesidad de rediseñar un sistema que garantice estándares técnicos, transparencia en la gestión y control estatal.

En diálogo con LM Cipolletti, el ministro de Modernización de Río Negro, Milton Dumrauf explicó que, para el armado del pliego, se realizaron recomendaciones que incluyeron la integración del sistema de multas con la Ciudadanía Digital Rionegrina, la exigencia de homologaciones nacionales y la incorporación de balanzas dinámicas en puntos estratégicos.

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El nuevo sistema de radares tendrá vigencia por 5 años con posibilidad de prorroga una vez más.

¿Qué establece el pliego de licitación?

El contrato será por 5 años (60 meses), período durante el cual la empresa adjudicataria deberá financiar, instalar y mantener todos los dispositivos. Una vez en funcionamiento, el equipamiento pasará a ser patrimonio provincial.

El pliego detalla que, como mínimo, se deberán instalar:

  • 20 cinemómetros fijos para control de velocidad, con cámaras Full HD y sistema de encriptación.
  • 24 equipos de control de infracciones digitales para detectar faltas como falta de luces bajas, uso de celular, circular sin casco o niños en asientos delanteros.
  • 8 radares móviles montados en vehículos utilitarios.
  • 17 PDA digitales para labrar actas electrónicas.
  • 8 utilitarios Renault Kangoo 0 kilómetros, equipados para operativos viales.
  • 4 pórticos de monitoreo y clasificación vehicular, con lectura inteligente de patentes.
  • 4 balanzas dinámicas para pesar vehículos de carga en movimiento, sin desvío obligatorio a dársenas.

Todo el sistema estará conectado a una plataforma web que procesará en tiempo real las infracciones, permitirá la notificación a los conductores, habilitará convenios de pago y ofrecerá un portal de autogestión para los infractores.

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La empresa adjudicataria deberá poner en funcionamiento un nuevo sistema dentro de la provincia, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad.

Procesamiento, notificaciones y gestión digital

El adjudicatario también deberá hacerse cargo del procesamiento de la información, validación de actas y notificación a los titulares de dominio, tanto de manera postal como electrónica. Además, tendrá que garantizar la integración con bases nacionales como el SUGIT y el CENAT, y desarrollar interfaces con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el sistema provincial de seguridad pública (Monitoreo 911).

Se prevé la capacitación de 80 agentes del Ministerio de Seguridad en el manejo de los equipos y de al menos 10 personas para la administración del sistema.

Contexto político y empresarial

El dato político no pasa desapercibido: el proyecto que ahora se licita surgió originalmente como iniciativa de Brocart S.A., reconocida formalmente como autora de la propuesta y que ya opera en provincias como Santa Fe, Misiones y Entre Ríos.

Bajo el marco de la Ley A Nº 3.484, la declaración de interés público otorgó la llave para abrir la convocatoria a otros oferentes, aunque el impulso inicial haya provenido de la propia empresa que diseñó el esquema.

El Gobierno defendió el mecanismo asegurando que el formato de licitación pública brinda “la mayor garantía de transparencia y concurrencia posible”. No obstante, algunos sectores ya anticipan que podría desatar un debate en torno a la concentración de ventajas en el oferente original.

Cabe destacar que la provincia estableció que por la prestación del servicio, no se podrá superar el 45% de los importes recaudados mensualmente.

Con la apertura formal, se conocerá el presupuesto que se establecerá para la reincorporación de un sistema que busca regular la transitabilidad de las rutas dentro de la provincia, prevenir accidentes de tránsito y recaudar para un sistema vial deteriorado.

radares a restaurar Río Negro

La nómina de los equipos que quedaron fuera de servicio y que la nueva empresa deberá reestablecer sumado a los nuevos.

¿Dónde estarán los equipos?

Si bien el pliego aclara que la distribución geográfica quedará sujeta a la definición del Ministerio de Seguridad, se anticipa que los puntos críticos incluirán rutas nacionales y provinciales con alto flujo vehicular y antecedentes de siniestralidad. Entre los equipos a reinstalar o poner en valor aparecen cinemómetros en Cipolletti, Cinco Saltos, Villa Regina, Lamarque, Río Colorado, Viedma y Sierra Grande, además de lectores de patentes en la Ruta 22 y la Ruta 3.

La apertura de sobres permitirá conocer qué empresas están interesadas en competir por la concesión. El sistema se concibe como un esquema integral de control, gestión y cobro de infracciones, con tecnología avanzada y un plazo que garantizará continuidad operativa.

El desafío para Río Negro será, finalmente, que el nuevo entramado de radares y pórticos no solo funcione como una fuente de recaudación, sino como una herramienta efectiva para mejorar la seguridad vial, reducir la siniestralidad y recuperar la confianza ciudadana en los controles.