El director de la Fundación Fauna Argentina advirtió en diálogo con LM Cipolletti que las especies reubicadas corren riesgo biológicos y tildó la decisión del establecimiento como un "negocio".
El traslado de más de 40 pingüinos de Magallanes desde el extinto Aquarium de Mar del Plata hacia un establecimiento privado en Allen, en pleno Alto Valle rionegrino, desató una fuerte polémica entre especialistas en conservación marina, que cuestionan tanto la decisión judicial como sus consecuencias biológicas.
La comunidad comenzó a advertir sobre lo que consideró una medida irracional: reubicar especies marinas adaptadas al litoral atlántico en una zona continental, árida y alejada casi mil kilómetros de la costa. Esa distancia climática y geográfica encendió las primeras alarmas entre organizaciones dedicadas al cuidado de fauna silvestre en el país.
En diálogo con LM Cipolletti, Juan Antonio Lorenzani, director de la Fundación Fauna Argentina, con sede en Mar del Plata, sostuvo que la organización lleva años reclamando ante los distintos niveles del Estado por la situación de estos animales. "Desde hace rato que estamos con este tema, se han hecho pedidos a la Municipalidad, a Provincia, a Nación", afirmó.
El especialista puso en duda además el origen del programa de cría en cautiverio: "No se sabe si tuvieron autorización de Nación para tener crías en cautiverio, porque un programa de reproducción tiene que tener un motivo, sobre todo especies en peligro de extinción. Y acá esto no fue por un peligro de extinción, sino que fue por un negocio", sostuvo.
Para Lorenzani, el hecho de que los ejemplares hayan nacido en cautiverio no cierra la puerta a una eventual liberación. "Eso no limita la posibilidad de intentar devolverlos al mar nuevamente. El ser humano subestima la capacidad biológica de los animales", señaló, y agregó: "Pedimos que se suelten los animales que nacieron en cautiverio junto con los reproductores".
El director fue categórico respecto del nuevo destino elegido para las aves. "Conozco bien la zona y sé que en verano tenés 40° a la sombra. Es un espacio mediterráneo, no están adaptados los pingüinos ahí. No es un lugar para pingüinos", advirtió en referencia al predio ubicado en Allen.
Según explicó, el traslado desconoce necesidades fisiológicas básicas de la especie: "¿Cómo vas a tener un pingüino en agua dulce en verano cuando no se pueden termorregular? Hay un problema de termorregulación, un problema de plumaje y una serie de factores que no se tuvieron en cuenta", planteó, y anticipó que "se van a perder plumaje y un montón de cosas".
Lorenzani citó además la reglamentación de oceanarios vigente en la provincia de Buenos Aires, que exige que las instalaciones se encuentren cerca del mar. "Específicamente dicen que tienen que estar al lado del mar o en cercanías del mar, a distancias cortas", explicó, al remarcar que ese requisito no se cumple en el nuevo emplazamiento.
"La lógica pura indica que la Justicia no actuó debidamente bien y no se hicieron estudios de impacto biológico a futuro sobre las especies", cuestionó el director, quien calificó lo sucedido como "un disparate judicial" y remarcó la ausencia de centros de rehabilitación adecuados sobre la costa atlántica.
Tras la llegada de los animales, la Fundación difundió en sus redes sociales imágenes del nuevo predio, con un canal de agua y rampas de acceso pensadas para la adaptación gradual de los ejemplares. Desde el establecimiento se presentó la incorporación como “un paso hacia la consolidación de un espacio de resguardo permanente”.
Esa versión institucional contrasta con las críticas de organizaciones ambientalistas, que hablan de una exhibición comercial con cobro de entradas antes que de un verdadero centro de conservación. El debate reabre además la discusión sobre el destino final de los animales que aún permanecen en el predio marplatense original.
Mientras el proceso de quiebra del Aquarium sigue su curso en la Justicia, la controversia por este traslado expone las tensiones entre necesidades comerciales, vacíos normativos y bienestar animal. Especialistas insisten en que decisiones de este tipo requieren estudios de impacto biológico previos, hoy ausentes en el expediente judicial.