En Río Negro hay incertidumbre presupuestaria e institucional por el nuevo régimen penal juvenil que fija la imputabilidad a los 14 años.
Con la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, la edad de imputabilidad en el país bajó a los 14 años, lo que establece que los adolescentes a partir de esa edad son penalmente responsables. Sin embargo, en Río Negro persisten fuertes dudas sobre la manera en que la provincia afrontará la aplicación efectiva de esta norma.
Para dar cumplimiento a la ley, la provincia requiere adecuar su propio ordenamiento procesal local, definir los lugares de detención correspondientes y organizar un sistema de custodia especializado. Esta reforma reabre el debate sobre la viabilidad fáctica, institucional y presupuestaria para sostener este cambio en las políticas de seguridad, niñez y justicia.
La semana pasada, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Río Negro (Coniar), bajo la presidencia de la legisladora Maricel Cévoli, volvió a reunirse. El objetivo del encuentro fue poner en común las propuestas formuladas por las instituciones y organizaciones participantes para impulsar el tratamiento del proyecto provincial de Procedimiento Penal Juvenil.
Al respecto, la legisladora Cévoli remarcó: “Estamos ante un escenario que requiere que Río Negro pueda avanzar en una normativa propia, construida desde nuestra realidad y con la participación de quienes trabajan todos los días con las adolescencias. Este proceso nos permitió sumar distintas miradas y generar aportes para enriquecer el proyecto”.
Pese a las discusiones normativas, el Ministerio de Seguridad no ha determinado hasta el momento cuáles serán los centros de detención destinados a este régimen, ni ha acordado la asignación de personal especializado para su posterior capacitación.
Ante este panorama, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) ofreció mantener el esquema actual en los dispositivos Caina, donde se cuenta con los operadores. No obstante, desde el organismo advirtieron que se requiere al menos el doble del presupuesto vigente para poder responder a las exigencias operativas requeridas.
La falta de definiciones también se extiende al Poder Judicial. El defensor general, Ariel Alice, aún no ha transmitido un criterio o concepto formal a las defensorías de menores de la provincia sobre cómo proceder.
Funcionarios consultados bajo reserva coincidieron en que "estamos sin definiciones" y señalaron que "será complejo" implementar la norma en el territorio provincial. Mientras las responsabilidades se cruzan entre los tres Poderes del Estado, existe un diagnóstico unánime entre los actores involucrados: "No está el presupuesto" necesario para poner en marcha esta etapa.
1. La edad de imputabilidad baja a 14 años. Es el cambio principal y amplía el universo de adolescentes que pueden quedar sometidos a un proceso penal.
2. Se incorporan penas alternativas. En determinados casos podrán aplicarse reparación del daño, restricciones, reglas de conducta y actividades educativas o comunitarias en lugar del encierro.
3. Se incorpora el monitoreo electrónico. La utilización de dispositivos permitirá controlar la ubicación de adolescentes sometidos a determinadas sanciones.
4. Se crea la figura del supervisor. Profesionales especializados deberán realizar el seguimiento y brindar asistencia a quienes reciban penas alternativas.
5. Se establece un nuevo régimen de privación de la libertad. Las penas tendrán un máximo de 15 años, se prohíbe la prisión perpetua y los adolescentes deberán permanecer separados de los adultos.