El problema comenzó cuando la mujer advirtió que en los registros internos del banco figuraba una deuda a su nombre vinculada a un plástico que había solicitado, pero que nunca llegó a activar ni utilizar.
A pesar de que la clienta había gestionado formalmente la baja del producto -un trámite que incluso había quedado asentado en el propio sistema de la entidad bancaria-, los cargos continuaron generándose y afectaron su perfil financiero.
Compensación económica y cese de hostigamientos
Durante la audiencia en el CIMARC, y si bien el banco evitó reconocer responsabilidad legal sobre los hechos, las partes firmaron un convenio con compromisos concretos y plazos estrictos:
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Resarcimiento financiero: La entidad se comprometió a depositar una compensación económica en la cuenta de la usuaria dentro de los veinte días hábiles posteriores a la homologación del acuerdo.
Condonación total: El banco manifestó su voluntad expresa de anular la obligación por completo, liberando a la clienta de cualquier saldo pendiente asociado a la tarjeta.
Fin de los reclamos: Se estableció el cese definitivo de las gestiones de cobro. La firma tiene prohibido volver a exigir el pago por cualquier vía, ya sea mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes o notificaciones postales.
Rectificación ante el Banco Central
Uno de los puntos más relevantes del entendimiento apunta a reparar el daño en el historial financiero de la damnificada. El banco asumió la obligación de gestionar ante el BCRA la rectificación de sus registros en la Central de Deudores del Sistema Financiero, solicitando que su calificación crediticia vuelva a figurar en la categoría "normal".
Para iniciar este trámite administrativo ante el organismo rector, la entidad bancaria cuenta con un plazo máximo de veinte días hábiles contados a partir de la audiencia, aunque el acta aclara que la actualización definitiva en las bases públicas dependerá de los tiempos operativos internos del Banco Central.
