El abogado querellante brindó detalles del caso que involucra al intendente de Allen y a un empresario de medios. La hipótesis del desvío de fondos para construir un hotel en Las Grutas.
La investigación penal por presunto peculado que tiene como principal imputado al intendente de Allen, Marcelo Román, sumó revelaciones de gran impacto. El abogado penalista Santiago Güenumil, quien interviene como querellante en representación del Tribunal de Cuentas municipal, brindó precisiones sobre la red de irregularidades detectadas a partir de la denuncia de la exsecretaria de Hacienda.
El letrado advirtió que el desvío de un teléfono corporativo es el elemento técnico para la imputación, pero representa la entrada a un perjuicio económico que calificó como "inconmensurable".
De acuerdo con las declaraciones de Güenumil, la causa penal expuso una dinámica de toma de decisiones ajena a los canales institucionales de la municipalidad. "Existe en la intendencia un hombre que no es el Intendente, que tiene más autoridad que el intendente, más poder que el intendente y que ordena actos de gobierno", afirmó el abogado.
El abogado del Tribunal de Cuentas describió así a Sebastián Ocampo, un empresario de medios local a quien testigos en las audiencias identificaron bajo el apodo de "El Mago" y también está imputado en la causa.
La querella detalló que, tras la extracción remota de los registros de un grupo de WhatsApp de la "Mesa Chica" —en el que participaban Román, su jefe de Gabinete, la denunciante y el propio Ocampo—, se comprobaron múltiples órdenes directas sobre recursos estatales.
Entre los ejemplos recabados, el abogado mencionó la alteración de un concurso de precios para las cubiertas de una máquina vial para beneficiar a un proveedor vinculado a Ocampo, así como la degradación de categoría y sueldo de un empleado de planta por razones políticas.
Asimismo, Güenumil reveló que existieron testimonios que señalan que el jefe comunal llegó a consultar el sueldo del funcionario jerárquico más alto para determinar cuánto debía percibir Ocampo. No obstante, tras el secuestro del libro de resoluciones municipal, se constató que el empresario no poseía ninguna designación ni vinculación formal con la comuna: "En el Municipio no existe Ocampo", sentenció.
El hecho testigo que habilitó la apertura de la causa penal por peculado es la compra y el pago del abono de un teléfono celular corporativo con fondos públicos del Municipio de Allen, asignado de forma directa a Ocampo. Si bien la defensa reconoció la existencia del dispositivo en un memorándum interno, el aparato desapareció y, según testigos, fue reseteado a fábrica antes de perderse su rastro.
Para ratificar que el imputado no oficial utilizaba el dispositivo de los contribuyentes, la querella impulsó una pericia tecnológica sobre las líneas de comunicación. "Mandamos el celular del señor Ocampo personal y este celular corporativo a que nos informen por dónde andan. Bueno, descubrimos que iban juntos para todos lados", explicó Güenumil a Radio LVO.
El entrecruzamiento de datos telefónicos arrojó que ambas líneas impactaban de forma simultánea en las antenas de Allen a las 8 y a las 12. Los registros también ubicaron a ambos teléfonos realizando el mismo trayecto vial durante el mes de enero hacia la provincia de Santa Fe y hacia la costa atlántica rionegrina.
La trazabilidad del celular corporativo derivó en nuevas hipótesis de investigación económica. El impacto de las antenas telefónicas durante el período estival llevó a la Brigada de Investigaciones de la Policía hasta un complejo turístico en construcción ubicado en Las Grutas.
El querellante precisó que el ingeniero a cargo de dicha obra prestó declaración testimonial y ratificó que el proyecto "se lo encargó Sebastián Ocampos", dijo el querellante. Sin embargo, al solicitar los informes correspondientes a la Agencia de Recaudación Tributaria, se constató que el complejo hotelero se encuentra registrado a nombre de la hermana de Ocampo.
La hipótesis de la querella apunta a un presunto circuito de triangulación de dinero público, dado que tanto la hermana del empresario como un socio directo poseen contratos de publicidad vigentes con el Municipio de Allen. "¿El perjuicio es un simple celular o es guita en publicidad? Esa plata, ¿se fue al complejo ese?", cuestionó el abogado.
Actualmente, el proceso penal se encuentra dentro del plazo de dos meses fijado para la investigación preliminar, una ventana de tiempo reducida que fue solicitada formalmente por los defensores del intendente Marcelo Román. Según Güenumil, la premura de la contraparte responde a una estrategia para evitar que se sigan incorporando pruebas complejas al expediente: "¿Por qué la defensa está tan apurada que se termine el plazo de investigación? Porque no quiere que sigamos descubriendo todas estas cosas".
El abogado concluyó rechazando las declaraciones públicas del jefe comunal, quien intentó minimizar la gravedad del expediente ante la opinión pública local. "No se trata de un simple celular, sino que esa es la figura jurídica que tuvimos y encontramos para imputarle un delito", finalizó el penalista, ratificando que el objetivo de la querella es avanzar firmemente hacia el control de acusación y el posterior juicio oral.
"A medida que se investiga, el caso parece más una saga de una serie de ficción que de realidad. Esto es digno de una serie de Netflix", concluyó.