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La protesta comenzó pasadas las 9 y finalizó minutos antes del mediodía. Sólo había habilitado un carril para el paso de los automovilistas, mientras los trabajadores estatales llevaron a cabo una volanteada.
La semana comenzó con una numerosa movilización en el puente Cipolletti - Neuquén. Desde las 9 de la mañana, la seccional Río Negro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se concentró y llevó adelante una panfleteada en el paso interprovincial, en el marco de la medida lanzada por el sindicato a nivel nacional.
Como modalidad de protesta sobre la Ruta 22, el sindicato eligió llevar a cabo un panfleteada y dejó habilitada solamente un carril para el paso de los automovilistas, a la altura de El Fortín, en la mano que permite el cruce a la otra provincia. En tanto, y siguiendo el protocolo "antipiquete" de la ministra Patricia Bullrich, personal de la Gendarmería Nacional se apostó en la zona del ex peaje desde muy temprano.
Puntualmente, hasta ese sector llegaron trabajadores agremiados en ATE de las localidades aledañas, como Cinco Saltos, Allen y Fernández Oro.
Si bien en un principio explicaron que la manifestación se extendería hasta las 12, la misma culminó minutos antes del mediodía. En tanto, el Tercer Puente no fue afectado.
Una vez finalizada la panfleteada, los sindicalista tenían planeado realizar una asamblea para definir las acciones que tomarán el día 24 de enero, en el marco del paro general de la CGT.
El rionegrino Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional, anunció semanas atrás que no esperaría al paro anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y determinó una medida de fuerza para este lunes 15 de enero.
Desde el gremio indicaron que se movilizarán "en todo el país contra la política económica del gobierno nacional", pero agregaron reclamos locales. En Río Negro, ATE mantiene el estado de alerta contra el bono por única vez, de 30 mil pesos, que ofreció el Ejecutivo en paritaria. Además, la misma organización se movilizó en Viedma y en Bariloche.
En este contexto, desde el gobierno provincial convocaron a los gremios estatales a una reunión paritaria para este martes, con el objetivo de seguir analizando la propuesta de incremento salarial.
En este sentido, el secretario General de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, cargó contra el gobierno provincial y declaró que "ha montado un escenario de crisis para licuar el salario estatal y poner en duda la continuidad de los trabajadores con contratos". "¿Quién puede pensar que 30.000 pesos es un aumento suficiente tras la devaluación y la inflación incesante que nos demuele en supermercados y almacenes?", agregó.
Tras la intimación desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, a diferentes sindicatos por el pago de los costos del operativo policial en la protesta de las organizaciones de diciembre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reaccionó con el rechazo a la iniciativa y dos días después le envío una carta documento a la Ministra de Seguridad.
Pasado el mediodía de este sábado, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, publicó en su cuenta de X (exTwitter): "Señora Patricia Bullrich, acá tiene la respuesta de ATE por los $56 millones. Ahora los que la intimamos somos nosotros", escribió arrobando a la funcionaria y adjuntando la nota que le mandaron por correo.
"Cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa. Sus resoluciones son todas nulas. Usted y su ministerio no cuentan con facultades para perseguir el cobro de cualquier suma de dinero, mucho menos para crear una pena u obligación de pago que en la ley no existe", agregó Aguiar.
Además, continuó, "ningún otro órgano del Poder Ejecutivo puede declarar el Derecho de Huelga como ilegítimo. Si no le pone fin a su accionar persecutorio y antisindical, la que terminará siendo denunciada será Usted".
En cuanto al texto de la carta documento, señala al comienzo: "En primer término, NEGAMOS la existencia de causa u obligación por la cual ATE deba abonar suma alguna, así como que ese Ministerio de Seguridad cuente con facultades para perseguir el cobro de cualquier suma de dinero en concepto de “costos operativos” en el marco de una movilización social, mucho menos para crear una pena u obligación de pago que por ley no existe".