La presentación requirió que protejan a la chica. Ya tomaron medidas en ese sentido, pero además enviaron la causa a la Justicia de Familia para que siga el trámite legal.
El director de un colegio secundario de una localidad de Río Negro denunció que una alumna sufría violencia familiar y pidió que la protejan para evitar la repetición de nuevas agresiones, atribuidas a sus propios padres.
La presentación la realizó en la Comisaría 20 de General Conesa, por lo que al ser encuadrada en la ley 3040, que marca la Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares, fue elevada al Juzgado de Paz, desde donde se dispusieron firmes medidas para resguardar a la adolescente, y además enviaron el expediente al Juzgado de Familia de Viedma, a cargo de Paula Fredes.
Como primera disposición, el juzgado de Paz les prohibió a KYC y DSG (así identifican a los progenitores) acercarse a su hija, que no vive con ellos, a una distancia no menos de 300 metros del lugar donde reside actualmente, como también en la vía pública, sus lugares de estudio, deportivos o culturales a las que asista.
La resolución agrega también que ambos adultos no deberán realizar ningún acto molestos o perturbador hacia la menor por ningún medio, como llamadas telefónicas, el envío de mensajes de texto o por rede sociales. Todo con el objetivo de “preservar la integridad psicofísica” de la jovencita.
El documento establece enviar el expediente a la Defensoría de Menores Incapaces de turno de Viedma, para que la incorporen como interviniente en el proceso. Se destaca que este requerimiento obedece a los términos que contiene de la denuncia.
También le ordena a los denunciados “respetar y dar estricto cumplimiento a las estrategias de abordaje dispuestas por el organismo de protección de derechos (SENAF), así como a la adherencia a concurrir a espacios terapéuticos donde puedan trabajar la puesta de límites en un entorno seguro”.
El expediente legal fue girado al Juzgado de Familia de la capital provincial para que le den continuidad al trámite iniciado. Ya ratificó lo actuado por el Juzgado de Paz, al considerar que "las medidas estuvieron bien ordenadas". Además se destacó que continuarán vigentes hasta el día 24 de Septiembre de este año.
Les comunicaron a las partes que en esa instancia deberán contar con el acompañamiento de un abogado particular o en caso de carecer de recursos requerir asistencia legal gratuita en la Defensoría de Pobres y Ausentes.
Las medidas dispuestas tendrán una vigencia de 90 días y deberán ser acatar de manera obligatoria por los denunciados. En caso de detectar incumplimientos serán acusados por desobediencia judicial y serán sancionados de acuerdo a lo fija la Ley 3040, consistentes en arresto, multa o trabajos comunitarios.
La resolución dictada el 30 de junio último, también señala que tomó intervención la SENAF -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia-, desde donde informaron que implementaron “una Medida de Protección de Derechos en favor de la adolescente”. En este sentido, pidieron al organismo remitir la disposición correspondiente en un plazo de 24 horas. La magistrada también dictaminó que personal de la Comisaría 20 debía comunicar lo resuelto a las partes.