La iniciativa busca brindar mayor protección a los usuarios que atraviesan dificultades económicas para afrontar sus facturas.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone establecer nuevos límites a los intereses que cobran las empresas de luz, gas y agua cuando los usuarios acceden a planes de pago para regularizar sus deudas. La iniciativa busca evitar que las facilidades de financiación terminen convirtiéndose en una carga económica todavía mayor para las familias.
La propuesta contempla un tope vinculado a la inflación proyectada, la prohibición de incorporar deudas prescriptas y nuevas obligaciones de información para las empresas prestatarias. También establece sanciones más severas ante posibles incumplimientos.
El proyecto fue presentado por los legisladores Leandro García, Daniel Belloso, Luis Ivancich y Alejandra Mas, integrantes del bloque Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, y plantea modificaciones a la Ley Provincial N° 5860.
Esta normativa fue sancionada para proteger a los usuarios en situación de vulnerabilidad, mediante la suspensión de cortes de servicios esenciales y la obligación de las prestatarias de ofrecer alternativas de financiación.
Uno de los principales cambios apunta al costo financiero de los planes de pago. Actualmente, según advierten los autores, la legislación no contempla un límite específico para los intereses y cargos que pueden aplicar las empresas.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que esta situación puede transformar una herramienta destinada a aliviar las dificultades económicas en un mecanismo de “endeudamiento creciente”, especialmente para quienes necesitan regularizar facturas acumuladas.
La modificación establece que los intereses, gastos administrativos, cargos y comisiones no podrán superar la variación interanual proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al período de financiación acordado.
Además, se mantiene una condición central de la normativa vigente: la cuota mensual no podrá superar el 20% de la factura de mayor costo del usuario, con el objetivo de preservar su capacidad de pago.
Otro aspecto relevante de la iniciativa está relacionado con las deudas prescriptas. El proyecto propone modificar el artículo 7° para impedir que solicitar un plan de financiación implique reconocer automáticamente obligaciones que ya perdieron exigibilidad legal.
Los autores consideran que acceder a una herramienta de protección no puede significar una “renuncia involuntaria a los derechos del usuario”. Por ese motivo, buscan establecer expresamente que las obligaciones prescriptas queden excluidas.
La prohibición también alcanzaría las condiciones exigidas para mantener o recuperar el suministro. De esta manera, las prestatarias no podrían incorporar esas obligaciones a los acuerdos ofrecidos bajo el régimen de protección.
Antes de la firma de cualquier acuerdo, las empresas deberán comunicar de manera clara el monto total de la deuda, cantidad de cuotas, importe mensual, tasa de interés y costo financiero total.
También estarán obligadas a informar el monto final que deberá abonar el usuario. La iniciativa determina que los cargos que no hayan sido comunicados previamente no podrán aplicarse posteriormente al acuerdo.
La reforma también amplía el régimen sancionatorio. Actualmente existe una multa conminatoria de $50.000 diarios para las empresas que nieguen el beneficio, pero la propuesta incorpora nuevas herramientas frente a otras irregularidades.
Entre las sanciones previstas aparecen apercibimientos, multas, nulidad de cargos y publicación de las sanciones. También se contempla la devolución de los importes cobrados indebidamente, con un recargo adicional del 50%.
En los casos de reincidencia, las multas podrán duplicarse. El objetivo es reforzar las obligaciones de las prestatarias y evitar que los usuarios deban afrontar condiciones financieras contrarias a la normativa provincial.
Por último, el proyecto establece que los planes de pago ya otorgados continuarán vigentes, aunque las empresas deberán adecuar sus saldos de oficio y evitar nuevos costos que superen los límites propuestos.
Los legisladores solicitaron el acompañamiento de los demás bloques parlamentarios, bajo el argumento de que los “servicios básicos deben estar garantizados para todos los rionegrinos”. La iniciativa deberá atravesar el tratamiento legislativo antes de convertirse en ley.