La abuela aseguró que el nene llegó a su casa pidiendo ayuda. La Justicia de Paz dispuso medidas para proteger a la criatura.
Una mujer denunció a su propia hija por maltratar a su nieto, hijo de la misma acusada. Aseguró que criatura ha llegado a su casa pidiendo ayuda, por lo que está bajo su cuidado.
La presentación fue realizada en la Oficina de la Mujer, el Niño y la Familia de Ingeniero Jacobacci, la localidad situada en la Línea Sur rionegrina. Por su tenor el expediente fue elevado al Juzgado de Paz, dado que fue encuadrada en lo que establece la Ley provincial 4109, que regula la “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Provincia de Río Negro” y creó el Coniar (Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Río Negro).
Desde el Juzgado de Paz convocaron a la denunciada a una audiencia para que brinde su versión y ejerza su defensa, y reconoció lo que declaró su mamá. Admitió “haberlo golpeado con un palo” y que “no puede dominar ni criar a su hijo”.
Como primera medida se ordenó dar intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), por ser el organismo que debe adoptar “medidas adecuadas en relación a la protección” del menor.
Pero además se le informó a la denunciada que tiene prohibido acercarse y ejercer cualquier tipo de actos de violencia. Deberá mantener una distancia no menor a los 100 metros de la casa de la abuela donde está el menor. Tampoco los debe importunar en los los lugares en que se encuentre o transite, sean públicos o privados.
Se destacó en este marco que “es necesaria la intervención judicial, específicamente en el dictado de medidas de protección, a fin de hacer cesar actos de violencia o impedir que ellos ocurran”. Todo con el fin de “resguardar en forma inmediata y cautelar la integridad psicológica de las víctimas y de evitar que ocurran nuevos hechos de violencia o que se incremente la ya ocurrida”, expresa la resolución.
La resolución de la Justicia de Paz le ordena a la mujer consultar al servicio de salud mental del hospital local u otra institución que aborde problemáticas de violencia familiar, para que la sometan a una evaluación psicológica. Si se lo indican, deberá someterse a un tratamiento.
En este marco, se pedirá al organismo tratante que informe si el caso “se encuentra encuadrado acabadamente dentro de las disposiciones y marco legales de la ley específica” y de ser factible, “alternativas de resolución del conflicto familiar”. Para ello deberán coordinar con los organismos disciplinarios que correspondan, con seguimientos periódicos e informes pertinentes.
Asimismo, se dispuso a la Oficina del Sistema de Abordaje Territorial (SAT) o por su intermedio ante quien corresponda, que tome intervención ante los hechos de violencia denunciados. En tanto que la causa será enviada al Juzgado de Familia que corresponda a la jurisdicción, donde deberán definir la continuidad o modificación de las medidas dictadas.
En esa instancia deberán acudir con un abogado particular o en caso de carencia de recursos pedir asesoramiento legal gratuito en la Defensoría de Pobres y Ausentes.
Le aclararon a la acusada que de detectar que las incumple deberá responder al Ministerio Público Fiscal por el delito de “desobediencia a la autoridad.