La iniciativa propone declaraciones juradas digitales, mayor transparencia y restricciones para contratar familiares en el Estado.
Legisladores del bloque Cambia Río Negro presentaron un proyecto de ley para modificar y modernizar la Ley de Ética Pública provincial, con el objetivo de fortalecer los controles patrimoniales, garantizar la transparencia y establecer nuevas restricciones para evitar el nombramiento de familiares en el Estado.
La iniciativa, identificada como proyecto de ley 1075/2026, propone actualizar los mecanismos de fiscalización sobre los funcionarios públicos, incorporar herramientas digitales y ampliar la información que deben presentar en sus declaraciones juradas durante el ejercicio de sus cargos.
Entre los cambios más importantes se encuentra la obligación de declarar criptomonedas, billeteras virtuales, inversiones en el exterior y participaciones societarias. También se propone publicar la información patrimonial en una plataforma digital gratuita y accesible para toda la ciudadanía.
El proyecto lleva las firmas de María Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich, Daniel Sanguinetti, Marcela González Abdala y Martina Lacour, quienes buscan modificar distintos artículos de la Ley L Nº 3550 e incorporar nuevas prohibiciones.
Uno de los principales objetivos consiste en actualizar los bienes que deben incluirse en las declaraciones juradas patrimoniales. La propuesta pretende adaptar la legislación a las nuevas modalidades de inversión, ahorro y movimientos financieros.
Los funcionarios deberán informar inmuebles con su valor actualizado de mercado, vehículos, inversiones, activos digitales, fideicomisos y participaciones en sociedades, tanto en Argentina como en el extranjero, incluso cuando sean beneficiarios finales de esas estructuras.
También deberán individualizar los bienes muebles cuyo valor supere los 20 salarios mínimos, vitales y móviles. La información incluirá deudas, créditos, ingresos, egresos y vínculos comerciales que puedan representar incompatibilidades o conflictos de intereses.
Otro cambio central consiste en crear un Sistema Digital Integral de Declaraciones Juradas Patrimoniales, administrado por el Tribunal de Cuentas de Río Negro, que permitirá realizar presentaciones electrónicas, actualizar información y desarrollar controles automatizados.
La plataforma deberá facilitar el intercambio de datos entre organismos provinciales, municipales y nacionales. Además, incorporará mecanismos de auditoría, verificación patrimonial y alertas preventivas para detectar posibles irregularidades en la evolución económica de los funcionarios.
Las declaraciones deberán publicarse en un portal web oficial, gratuito y de libre acceso dentro de los 30 días corridos posteriores a su presentación, aunque se protegerán datos sensibles como domicilios particulares y números de cuentas bancarias.
Cuando el Tribunal de Cuentas detecte un incremento patrimonial desproporcionado respecto de los ingresos conocidos, deberá comunicarlo al organismo correspondiente y al Fiscal de Investigaciones Administrativas, quien tendrá hasta 60 días hábiles para iniciar actuaciones y adoptar medidas.
Además, los funcionarios deberán presentar una declaración actualizada dentro de los diez días posteriores al egreso de sus cargos. La documentación patrimonial tendrá que conservarse durante diez años después del cese de funciones.
Uno de los puntos de mayor impacto político es la incorporación de una restricción contra el nepotismo, que busca impedir determinadas designaciones de familiares de las máximas autoridades provinciales dentro de la estructura del Poder Ejecutivo.
La prohibición alcanzará a padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, cónyuges y convivientes del gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios de Estado y funcionarios de jerarquía equivalente, bajo cualquier modalidad de contratación o vinculación laboral.
Sin embargo, estarán exceptuadas las designaciones realizadas mediante concursos públicos de oposición y antecedentes, así como las personas que ya cuenten con estabilidad laboral antes de la eventual sanción de la normativa.
El proyecto también propone regular los regalos y donaciones recibidos por funcionarios. Los obsequios diplomáticos superiores a dos salarios mínimos deberán registrarse según la reglamentación y podrán destinarse a salud, educación, acción social o patrimonio cultural.
La iniciativa deberá atravesar el correspondiente tratamiento en la Legislatura de Río Negro para convertirse en ley. Hasta entonces, las modificaciones planteadas por Cambia Río Negro no tendrán vigencia.