Presentan proyecto de ley para incrementar el presupuesto del Poder Judicial

Cipolletti.- El Superior Tribunal de Justicia presentó hoy un proyecto de ley para incrementar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos con destino al Poder Judicial para el 2010, por la suma de $78.873.300 para atender el déficit presupuestario de la actual estructura de funcionamiento hasta el 31 de diciembre de este año.El monto solicitado surge de la diferencia entre lo que había pedido originalmente ese Poder (253.580.800 pesos) y lo que finalmente se le concedió por el presupuesto reconducido que fue de 174.707.500 pesos. Esto en relación a los recursos que se financian con rentas generalesCon estos fondos, el Poder Judicial pretende mantener la implementación del sistema de compensaciones de magistrados y funcionarios judiciales con ajuste al inciso 4) del artículo 199 de la Constitución Provincial y las remuneraciones de los funcionarios de ley y demás empleados del Poder acorde de modo referencial a los criterios de la Justicia Nacional, según lo dispuesto por las acordadas N° 9/2005 y 11/2005.En el proyecto se explica que el costo que demande el incremento previsto será cubierto con recursos de rentas generales o aquellos que el Poder Ejecutivo disponga a tal fin y se faculta al Ministerio de Hacienda a realizar las modificaciones presupuestarias p en cumplimiento de la presente.En los fundamentos el titular del STJ, Víctor Sodero Nievas, dijo que “como es de público conocimiento, en las últimas semanas se ha planteado y se profundiza un conflicto gremial originado por la imposibilidad de realizar las adecuaciones salariales en observancia de los criterios de las acordadas N° 9 y N° 11 del año 2005, que desde entonces prevén como marco referencial el sistema de “remuneraciones” y “salarios” de la Justicia Nacional, que aún no han sido absorbidos por nuestro Poder Judicial y cuyos montos no han sido incluidos en la asignación presupuestaria de la Ley H 4527 para el presente año.Explicó que “debe tenerse en cuenta que ya sobre finales del período parlamentario 2010 aún nos encontramos sin consideración ni aprobación de la Ley de Presupuesto General por parte de esa Legislatura (arts 991 139, 181, 224 y cçdtes. de la C.P.) y es probable que el nuevo proyecto tampoco los incluya”.Comentó que “en el segundo semestre del año pasado, cuando se elaboró el proyecto de Presupuesto Judicial -que todavía no se ha considerado ni aprobado-, antes de presentarlo a los otros Poderes del Estado según el citado art. 224 de la Constitución y la Ley H 3186, en el entendimiento de la necesidad de la colaboración institucional de quienes representan a los distintos operadores del servicio de justicia, la administración general invitó y dio participación al Colegio de Magistrados y Funcionarios; a los Colegios de Abogados de Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Alto Valle Oeste, y a SITRAJUR, que pudieron estar correctamente informados y acompañar las gestiones ante los otros Poderes que permitiesen dotar al Poder Judicial de un presupuesto adecuado y suficiente para asegurar su independencia en lo material y un adecuado servicio de justicia (art. 50 de la Constitución Nacional)”.Recordó que para el Ejercicio Fiscal 2010, el Poder Judicial formuló su presupuesto por $ 258.415.800 y tan sólo, según se consignó, se asignaron $ 178.047.500 a través de la denominada “reconducción presupuestaria” de la que terminó siendo la promulgada de hecho Ley H 4527, esto es, sólo un 68% de cuanto se requirió •y apenas un 2,33% más del ejecutado en el anterior ejercicio fiscal 2009”.“Además, pongo de resalto que se bajó así en un 3,5% la gravitación del Presupuesto Judicial en el Presupuesto General en ejecución, que era del 4,07% en el año fiscal 2009 y descendió al 3,93% en el año fiscal 2010. Ello importa alteraciones y restricciones presupuestarias de $ 80.468.300 para cumplir con las acordadas N°. 9/2005 y N° 11/2005, que han permitido en los últimos años mantener un parámetro objetivo de recomposición de “remuneraciones” de magistrados y funcionarios y “salarios” de los empleados -que insumen el 89% del Presupuesto Judicial-, a la vez que consolidan un racional equilibrio en las relaciones laborales entre el estado y los agentes judiciales, como lo viene reclamando la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”, consignó Sodero Nievas.Observó que “aun con esa precariedad instrumental del Presupuesto en vigencia por la Ley H 4527, reiteramos que hemos gestionado en tiempo y forma los recursos para sostener el servicio publico de carácter esencial, con la grave advertencia, formulada con antelación suficiente, del riesgo de llegar a una situación de características no deseadas como la actual, que afecta sus prestaciones, tal como se hizo saber a ese Poder por Nota N° 93 de la Administración General del 29/04/10 (arts. 77 y SS. de la Ley K 2430). Es evidente que no podemos cumplir con todas las necesidades del servicio con un incremento de sólo el 2.33%”.“La voluntad del Poder Judicial es preservar y sostener la aplicabilidad de las Acordadas N° 9/2005 yN° 11/2005 en garantía de la vigencia de los arts 224 y 199 inc 4 de la Constitución Provincial, con el fin de asegurar la independencia de la Justicia y el cumplimiento del rol institucional de la Magistratura, a la vez que restituir la pirámide de la carrera judicial para sus Funcionarios de Ley y empleados. Huelga decir que con ello no se pretende interferir en la competencia excluyente que el Poder Legislativo tiene en dicha materia, pero sí advertir que la no-corrección del desfasaje presente se proyectará al próximo año judicial”, agregó.“Por todo lo expuesto, y en ejercicio de las facultades del mencionado art. 224, como asimismo del inc. 4 del art. 206 de la Constitución Provincial, en mi carácter de Presidente del Superior Tribunal reitero la remisión del proyecto para que la Legislatura provincial considere y apruebe la ley que autorice la disponibilidad de todas las partidas presupuestarias necesarias para atender urgente y progresivamente al servicio de justicia, con adecuación de los “salarios” de los agentes judiciales y las “remuneraciones” de la Magistratura y el Ministerio Público de este Poder Judicial a sus reales valores económicos, como así también de los gastos de funcionamiento”, finalizó el escrito. (FUENTE: ADN)