Presentan iniciativa para fijar precios máximos en los alquileres del Estado

Los legisladores Carlos Peralta y Pedro Pesatti (PJ), a través de un proyecto de ley presentado en la Legislatura, proponen establecer una fórmula para la determinación de un monto máximo en los alquileres de oficinas, locales y viviendas por parte del Estado. El valor máximo de los montos mensuales se determinará, según la propuesta, “mediante la aplicación de un porcentaje que vaya entre el 0,8 y el 1,2 por ciento del valor fiscal del inmueble, que es el que determina el pago del impuesto inmobiliario, más una variación en dicho importe que no podrá ser superior al 50 por ciento del mismo”. El presente proyecto tiene como objetivo establecer un mecanismo objetivo para determinar los valores de los alquileres que el Estado provincial realiza con los particulares. Entre los beneficios de la iniciativa, los fundamentos mencionan que se están “liberando fondos para otras actividades tales como salud, educación, seguridad, entre otras o inclusive para la construcción de edificios propios, para en un futuro no muy lejano evitar la dependencia con los actores privados”.Por otro lado, dentro de las iniciativas presentadas por Pesatti, se encuentra el proyecto que propone la creación de un \"Fondo Fiduciario de Infraestructura”, que tendrá como finalidad la construcción y el mejoramiento de viviendas oficiales y edificios públicos que sean propiedad del Estado provincial. El presente proyecto tiene como finalidad además, constituir un fondo para financiar la construcción y el mejoramiento de viviendas, oficinas, locales y la compra de inmuebles.Los beneficios de la iniciativa apuntan a salir gradualmente del mercado inmobiliario contando con infraestructura propia que permita eliminar una demanda generada por parte del Estado, y que produce distorsiones en los precios, lo cual impacta sobre el sector privado, comercial tanto como para el uso particular. Los gastos operativos que demanden la puesta en marcha y el funcionamiento del Fondo serán solventados por las partidas presupuestarias que le asigne la autoridad de aplicación que será el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos.