La Justicia concedió, finalmente, un plazo mayor antes de cumplir con la orden de desalojo que afecta a una docente cipoleño y sus dos hijos –uno de ellos discapacitado-, que viven en las 1.200 Viviendas.
La orden se concretará el 1 de diciembre por lo que Adriana Pepe reclama que se entreguen las casas de las 206 Viviendas, donde tiene una.
“Estoy en el cuarto lugar de prioridad a nivel provincial, porque tengo un hijo con discapacidad. Por eso pido que hagan entregas de las casas, en otras oportunidades se han hecho excepciones para que se adjudiquen antes de tiempo, en forma excepcional”, dijo la mujer.
Pepe aseguró que “quede en medio de una situación irregular, porque las casas del IPPV no se pueden alquilar, pero la dueña tiene un permiso que le otorgaron en la delegación local. En eso se basó el juez (Alejandro Cabral y Vedia) para ordenar el desalojo”.
El desalojo se postergó luego de una mediación del área de Acción Social de la comuna, a cargo de Mabel Rigoni.
Pepe reclamó acciones por parte de las autoridades del IPPV a nivel provincial, desde Viedma. “Ellos están en conocimiento de mi situación, he presentado toda la documentación correspondiente. Y de hecho ellos le remitieron al juez la documentación que prueba que estoy en condiciones de recibir una vivienda” en el Distrito Vecinal Noreste.
A pesar de la postergación del desalojo, la mujer expresó: “Si no me entregan la vivienda, esto es sólo estirar la agonía. Necesito la casa por mis hijos, de 17 y ocho años. No estoy pidiendo nada gratis, sino defendiendo a mis hijos y nuestra dignidad”.