En medio de tantas estafas telefónicas, desde el Ministerio Público Fiscal informaron que por hecho de estas características ocurrido en Allen, dos mujeres fueron imputadas como co-autoras. Según se conoció, una de ella reside en Córdoba y la otra en Santa Fe.
Respecto de la estafa en cuestión, desde la Justicia señalaron que la misma se desencadenó cuando una persona de Allen, publicó en la red social Facebook una máquina elíptica para su venta.
Fue así que con el correr de los días apareció un comprador, interesado en cerrar el negocio rápidamente. “Una persona le habría escrito a través de WhatsApp a su número personal, diciendo que le interesaba comprarlo. Para darle veracidad al relato, esa persona le envía una fotografía diciendo que ese era su DNI, y lo víctima habría accedido a enviarle su número de CBU y le respondieron con una fotografía de un comprobante de transferencia por una suma de $22.000”, relataron desde la fiscalía descentralizada de Allen.
Hasta ese momento, todo marchaba en orden, hasta que las estafadoras le contaron a la víctima que dado que la cuenta desde la que transferirían el dinero era de una empresa, “ella debería acercarse a un cajero del banco en donde tenía su cuenta, para generar una clave” y así el dinero recibir sin problemas.
De esta forma, y mientras mantenían la comunicación telefónica, la víctima se acercó al cajero y por las indicaciones que le dieron, habría generado una clave TOKEN, la cual luego compartió con las estafadoras. “Después de eso, le dijeron que estaba todo en regla y que hasta las 5 de la tarde no ingresara a su cuenta para que la transferencia no se corte”, explicaron en la audiencia.
Sin embargo, horas después, la víctima ingresó al Home Banking y descubrió que le habían vacía la cuenta: además de transferirse los 200 mil pesos que tenía en la cuenta, los estafadores solicitado un préstamo por 600 mil, dinero que también fue enviado a otras cuentas.
A la hora de argumentar la imputación, la fiscalía enumeró la denuncia penal realizada en la Unidad 6ta de Allen, los informes confeccionados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) dependiente del Ministerio Público, solicitado al banco.
En tanto, la defensora pública penal no tuvo objeciones a la formulación de cargos y el juez de Garantías interviniente resolvió imputar el delito de “estafa” según los Artículos 172 y 45 del Código Penal.
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