El hombre está acusado por el abuso y la corrupción de una adolescente que albergó en su casa. Pidieron condenarlo a 11 años de prisión.
Un hombre domiciliado en Sierra Grande está siendo juzgado acusado de violar y corromper a una adolescente que albergó en su casa en el marco del programa Familias Rionegrinas Solidarias, a cargo de la Senaf -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia-.
El sujeto, que tenía la misión de cuidar a la niña hasta le habría ofrecido dinero para lograr su impunidad. Ya fue declarado culpable en la primera parte del proceso por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad, en concurso ideal con corrupción de menores agravada”.
Este miércoles se realizó la audiencia de cesura en los tribunales de Viedma para comenzar a definir la pena, a la que la víctima, quien hizo la denuncia, asistió de manera virtual.
El Ministerio Público Fiscal informó que junto al Defensor de Menores solicitó la condena de 11 años de prisión. Mientras que el defensor pidió el castigo mínimo previsto, de 10 años.
En primer término se escuchó la declaración de cuatro testigos. Luego comenzó la instancia de alegatos en la que las partes realizaron los pedidos de pena.
Durante su exposición, la Fiscalía sostuvo que el único atenuante a considerar es la falta de antecedentes penales de la persona imputada. En contraste, enumeró diversos elementos agravantes vinculados al contexto en el que se produjeron los hechos.
Entre ellos destacó la situación de máxima vulnerabilidad de la víctima, quien desde muy pequeña se encontraba bajo cuidado de instituciones de protección del Estado y no contaba con familiares directos.
En ese marco, el acusado integraba un dispositivo de familia solidaria, situación que —según expuso la acusación— “implicaba un vínculo de confianza tanto con el Estado como con la propia víctima”.
"Este hombre abusó de esa relación de confianza y de la posición de guarda, y luego buscó ocultar lo sucedido y garantizar su impunidad", enfatizó la acusación mencionando que habría entregado dinero a la adolescente con el objetivo de que no relatara los hechos.
Además, recordó que durante el juicio declararon profesionales de la psicología que destacaron que los hechos produjeron un “impacto afectivo y psicológico grave en la joven”, reflejados en dificultades para expresarse y establecer vínculos con sus pares. Para la acusación, la extensión del daño causado constituye un elemento central al momento de determinar la sanción, por lo que solicitó la imposición de 11 años de prisión.
Por su parte, el Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes acompañó el pedido de la Fiscalía y enumeró cuatro circunstancias agravantes. Señaló, en primer término, la particular situación de indefensión de la víctima, y explicó que los abusos se producían en el domicilio del acusado cuando ambos se encontraban a solas.
El Defensor de Menores indicó asimismo que el hombre insistía en que la adolescente permaneciera en la vivienda, aun cuando su pareja manifestaba una posición contraria.
Mencionó además el aprovechamiento de la relación de confianza y el uso de dinero como mecanismo orientado a procurar el silencio de la adolescente víctima.
En cuanto a la extensión del daño causado, especialmente considerando que se trataba de una adolescente institucionalizada desde pequeña que había logrado construir vínculos y un entorno en la localidad donde residía, puntualizó en que tuvo que abandonar incluso ese lugar para alejarse de la situación vivida.
A su turno el abogado particular del hombre solicitó la aplicación del mínimo de la escala penal prevista, es decir 10 años de prisión argumentando que el hombre siempre respondió a las convocatorias del Poder Judicial. Sostuvo también que la finalidad de la pena debe orientarse a la resocialización, planteando que ese objetivo no se cumple en los establecimientos carcelarios. El tribunal interviniente indicó que la resolución final se comunicará durante la semana próxima.