Eran 12 detenidos, lo que supera la capacidad de los dos calabozos. Por seguridad restringieron el uso de teléfonos. Se tienen que comunicar por carta con sus familiares.
Un grupo de presos de la Comisaría 4ta de Cipolletti, entre ellos un condenado por un grave hecho de violencia familiar, presentó un habeas corpus a la Justicia provincial en el que solicitan tener acceso a teléfonos para comunicarse con sus familiares y se quejaron por las dificultades que tienen con la provisión de agua, una demanda ya expresada.
El recurso recayó en el Juzgado de Ejecución Penal de General Roca, a cargo de Fernando Romera, quien rechazó el requerimiento y ordenó distintas medidas para que se brinden respuestas.
Entre ellas se destaca la reiteración para que el interno sentenciado sea puesto a disposición del Servicio Penitenciario para que lo alojen en uno de los Establecimientos de Ejecución Penal de la provincia, una disposición que ya la había dictado el 2 y el 9 de marzo último, según mencionó.
Pero en el trámite judicial quedó de manifiesto las condiciones de hacinamiento en que se encuentran los detenidos en esa unidad, que sobrepasa ampliamente la disponibilidad de alojamiento en los dos calabozos que posee.
Un informe anexado al expediente indica que hasta el 11 de marzo tenían 12 hombres detenidos, número que "supera la capacitad operativa originalmente prevista para el sector”.
La cantidad ha hecho que se adoptaran “medidas organizativas” para “preservar condiciones mínimas de seguridad y convivencia”, indicó el comisario Diego Domínguez, jefe de la dependencia,
Asimismo, agregó que también debieron instrumentar controles de seguridad más estrictos, luego de que se escapara uno de los detenidos que cumplía prisión preventiva por homicidio (Carlos David Peke Peña).
Tras ese evento, ocurrido en noviembre del año pasado, restringieron el uso de telefonía celular por parte de los internos, uno de los motivos del actual reclamo.
Entre los cambios introducidos por la evasión Domínguez explicó que se dispuso la implementación de “un sistema de comunicación mediante correspondencia escrita, el cual se encuentra actualmente en funcionamiento”.
Puntualizó que, de acuerdo a lo que establece la jurisprudencia nacional en materia de régimen de detención “las cartas dirigidas a familiares pueden ser supervisadas por el personal de guardia, mientras que la correspondencia que ingresa a la dependencia es abierta en presencia del personal policial”.
Se trata de una regla que tiene la finalidad de “prevenir el ingreso de sustancias prohibidas, elementos peligrosos o cualquier objeto que pudiera resultar lesivo para los detenidos o terceros, constituyendo ello una medida de seguridad razonable y habitual dentro del ámbito de custodia policial”.
El nuevo esquema también incluyó un ordenamiento horario para recibir visitas y “garantizar condiciones adecuadas de control”. Organizaron dos turnos, lo que permite “una mejor administración del espacio físico, mayor tiempo de permanencia de los visitantes y un control más efectivo del sector”.
Respecto a la queja por la provisión de agua, Domínguez precisó que la comisaría “no registra una restricción particular dirigida al sector de detenidos”, sino que el inconveniente ocurre por “cuestiones generales del sistema de abastecimiento de la unidad”.
Detalló que el servicio se encuentra conectado a un tanque de almacenamiento compartido por la totalidad del personal que presta servicios en el edificio policial, así como también por el de la Unidad Regional V que se encuentra al lado, lo que en “determinados momentos puede generar disminuciones temporales en la presión o disponibilidad del recurso, afectando de igual manera a todo el edificio”.
Ante las explicaciones brindadas el magistrado resolvió rechazar el habeas corpus, al considerar que “no se verifica en esta dependencia un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, adoptándose las medidas descriptas dentro de las facultades de organización y seguridad propias de la custodia policial"
No obstante, ordenó requerir al Comisario que notifique la petición de los detenidos a los juzgados a los que estén a disposición, trámite que ya se había efectuado, consignó Domínguez.
También reiteró que lleven a una prisión al condenado por violencia familiar. Se trata de Aquiles Fabian Polleschner, de 29 años de edad, quien en octubre del año pasado recibió una pena de 4 años de prisión por privar de la libertad a su expareja e hija y atacar al personal policial de General Roca cuando fue detenido en noviembre del 2023.