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Los hechos fueron denunciados en Sierra Grande y la guardia policial, que suele ser impuesta a la víctima, la dispuso una jueza del foro Civil de San Antonio.
Un hombre denunciado por hechos de violencia de género contra su ex pareja tiene que cumplir la prohibición acercamiento y además debe ser custodiado por efectivos de la Policía rionegrina para evitar que continúe hostigando a la mujer.
Se trata de una disposición judicial adoptada que sale de lo habitual, ya que corrientemente es a la víctima a quien se le asigna una guardia de uniformados para que la protejan, revictimizándola y sometiéndola a la exposición social.
La vigilancia del acusado, identificado con las siglas JCP y domiciliado en la localidad de Sierra Grande, ya había sido establecida por el Juzgado Civil y de Familia 9 de San Antonio a cargo de Vanessa Kozaczuk, quien recientemente recibió un informe que advierte que el escenario se agravó y que se requieren “ampliar las medidas dictadas” anteriormente.
Sostiene ese trabajo, elaborado por el equipo del Juzgado, que “resulta preciso destacar la situación de la víctima amerita una atención rápida y viable que le garantice el pleno ejercicio de sus derechos, los que han sido vulnerados por la violencia padecida”.
Pero además resalta que “la medida de que sea el victimario el que tenga custodia, resulta aplicable a la luz de los principios consagrados en La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que vino a garantizar la no discriminación de la mujer, como así también la igualdad formal o en la ley, y la igualdad sustantiva o de resultados entre mujeres y hombres”.
La magistrada evocó un fallo de la Cámara de Apelaciones de la misma circunscripción en un caso tratado por el mismo juzgado, que sostuvo que el Estado (en el ámbito de sus tres poderes) debe “adoptar todos los medios apropiados orientados a prevenir, sancionar y erradicar” las formas de violencia contra la mujer”.
Agregó en el mismo este sentido que los magistrados “tienen que desarrollar mecanismos novedosos y adecuar las respuestas del sistema de administración de justicia a las características del caso puntual”.
Puntualizó que “No se pueden aplicar medidas generales” a “cuestiones que por su particularidad y gravedad requieren soluciones concretas, pues ante situaciones de violencia hay un escenario, un vínculo entre los involucrados y un contexto particular”.
En este caso, la jueza advirtió los actos de hostilidad por parte de JCP se agravaron. Mencionó que desde la Comisaría de Sierra Grande se informó que el hombre agredió al policía que le habían designado de consigna.
“… esa información da cuenta de la agresividad y peligrosidad del denunciado (que no solo no cumple con las medidas judiciales dispuestas, sino que agrede a la autoridad policial) y denota la extrema vulnerabilidad en que se encuentra la denunciante y su grupo familiar”, advirtió la magistrada.
Agregó que la situación de riesgo se encuentra corroborada “por los informes técnicos adjuntados a la causa, sumado a que mayoritariamente los demás integrantes del grupo familiar (niños, niña, y adulto mayor) son merecedores de especial protección cual sujetos vulnerables por su sola condición, habiéndose priorizado también su Superior Interés (...)".
Como consecuencia de la evaluación de los hechos, Kozaczuk dispuso custodia policial personal a JCP hasta el 16 de abril próximo, para “la víctima pueda tener una vida libre de violencia y al mismo tiempo gozar de plena libertad de movilidad sin injerencias indebidas y arbitrarias en su vida privada”.
A esa medida se suma comunicar lo resuelto a la Comisaría local y requirió a la misma dependencia informe una vez por mes “el comportamiento del victimario, en especial si el mismo incumple la orden de prohibición de acercamiento”.
Además, les notificó que en caso de descubrirlo “in fraganti” violando las medidas, los uniformados quedan facultados para “proceder al arresto inmediato y procede sin orden judicial” de acuerdo a los lineamientos Código Procesal Penal. Asimismo, le dio intervención a la Defensora de Menores e Incapaces.
Aunque es una medida poco habitual, hay antecedentes en la Justicia rionegrina en la que el acusado de cometer violencia de género es custodiado por la policía para proteger a la mujer. Un caso similar ocurrió en agosto de 2023 en Río Colorado, donde una vecina denunció al ex novio de su hija y pidió custodia policial en su casa y también para la joven. Pero la sentencia ordenó lo opuesto: el vigilado debía el hombre. Así, un efectivo policial lo acompañará en todos sus movimientos mientras que la mujer podrá continuar con su vida sin las interferencias que puede implicar un seguimiento permanente.