La organización social pide que detengan de inmediato al sujeto. Aseguran que vive en un inquilinato rodeado de niños. Un informe del IAPL será clave.
La agrupación Mujeres en Lucha de Cipolletti salió a repudiar la detención domiciliaria con salidas laborales que la Justicia le otorgó a un hombre condenado dos veces por abusar sexualmente de menores, y que vive rodeado de niños en un inquilinato ubicado en pleno corazón del barrio Don Bosco, cerca de varios establecimientos educativos.
Exigen que lo detengan inmediatamente y no descartan avanzar con denuncias contra los funcionarios judiciales que le dan el beneficio.
"No podemos permitir que este tipo salga libre y encima viva cerca de una escuela primaria, una secundaria, un jardín, una sala sanitaria y la plaza donde se hace la Feria del Trueque, donde van miles de personas. Es una locura. Porque el abusador no deja de ser abusador. Si lo dejan en la calle lo va a seguir haciendo”, advirtió Lila Calderón, referente de la organización social barrial.
Las derivaciones que tomó el caso generaron una enorme indignación por el privilegio que recibe el depravado, dado que aseguran que no es la primera vez que ocurre.
La dirigente apuntó a la responsabilidad de los psicólogos que presentan "informes favorables" que les permite evitar quedar tras las rejas.
“Tenemos legitimidad para hablar porque sabemos del dolor de las víctimas y el miedo que les produce saber que el agresor andará suelto por las calles”, enfatizó Calderón, quien resaltó que la bronca por lo que está sucediendo motorizó la puesta en marcha de medidas para exponer a los agresores sexuales que consiguen la libertad.
PAG -así lo identifican- fue sentenciado en mayo de 2022 a 6 meses de prisión en suspenso y pautas de conducta por abusar de una niña de su entorno familiar.
Pero en julio de 2023 recibió una segunda condena por exhibirle sus genitales a una niña que visitaba a su padre en la misma pensión donde actualmente sigue viviendo. Reconoció su culpa en un juicio abreviado y le revocaron la condicionalidad del primer castigo y le totalizaron ocho meses de prisión, pero de cumplimiento efectivo.
Sin embargo, en ese fallo le dieron prisión domiciliaria con salidas laborales y el monitoreo con una tobillera GPS. La Fiscalía sostuvo que la modalidad se consensuó porque se entendía que en el lugar “no se encontrarían menores” y que existían condiciones para controlar la ejecución.
Pero en la ingresar en la etapa de la ejecución un informe del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados (IAPL) encendió las alarmas. Con esa información el juez de ejecución penal Lucas Lizzi resolvió en los últimos días del año pasado revocar la domiciliaria y ordenar su detención en un establecimiento penitenciario.
En su resolución sostuvo que el domicilio resultaba “inviable” por la presencia de menores en el complejo habitacional, la cercanía con instituciones educativas y la falta de un referente estable que acompañara al condenado.
La defensa se opuso al cumplimiento de condena en la cárcel y planteó que no existían cambios reales desde el otorgamiento de la domiciliaria, que el condenado cumplía con el monitoreo, que no se registraron incidentes y que el domicilio era el mismo evaluado al momento de la sentencia.
En una audiencia de revisión, un tribunal integrado por los jueces Marcelo Gómez, Guillermo Baquero Lazcano y Julio Sueldo anuló la resolución por considerar que se vulneró el derecho de defensa. Los magistrados entendieron que, al momento de revocar la domiciliaria, no se tuvo en cuenta un informe psicológico ya existente en el legajo principal, que había sido considerado en la condena y que no se incorporó al expediente de ejecución.
Para el tribunal, esa omisión tornó nula la decisión “de nulidad absoluta” y ordenó retrotraer el trámite para que se analice nuevamente con todos los elementos.
En la misma audiencia, se discutió además el peso de los informes sociales y la necesidad de contrastar evaluaciones, ya que la defensa sostuvo que el IAPL trabajó “desde cero” sin contar con el informe anterior elaborado por el Servicio Social que había sustentado el acuerdo de partes. El tribunal advirtió que la revocación de una modalidad pactada en un juicio abreviado exige un análisis especialmente cuidadoso, porque la forma de cumplimiento de la pena integró un punto central del acuerdo.
Este jueves se resolvió actualizar el informe del IAPL, para determinar si en el inquilinato donde reside siguen viviendo menores. En un plazo de 48 horas deberá ser presentado, y ahí se resolverá.
Calderón anticipó que el caso de PAG y el de otros abusadores que han recibido beneficios los puso en alerta y decidieron salir a implementar medidas para evitar que caigan más víctimas. Aseguró que volverán a "escrachar" los lugares donde viven los depravadados "para que la gente, mujeres y niños fundamentalmente", sepan donde están los monstruir y eviten pasar por ahí".
Pero además volverán a confeccionar, como lo hicieron años atrás, un mapa en el que selañarán los domicilios de los abusadores con el mismo objetivo.