Durante el juicio se comprobó que Valentín falleció debido a las negligencias del profesional como utilizar el celular y tener el monitor apagado.
La Justicia de Río Negro declaró la responsabilidad penal del anestesista Mauricio Javier Atencio Krausse, por el delito de homicidio culposo de Valentín, un niño de cuatro años que murió durante una intervención quirúrgica en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca.
En una histórica jornada que marcó precedente sobre condenas a profesionales de la salud, el veredicto fue leído por el juez Emilio Stadler, quien declaró culpable al anestesista y otorgó cinco días a las partes, Fiscalía y Defensa para presentar su planteo previo a la fijación de la pena, donde pedirán el monto de años.
La operación era una intervención quirúrgica programada que se realizó el 11 de julio de 2024, el objetivo era corregir una hernia diafragmática que padecía el niño. La cirugía terminó con el fallecimiento del menor, siete días después debido a una encefalopatía hipóxico-isquémica causada por un incidente obstructivo del tubo endotraqueal.
La muerte del niño el 18 de julio de 2024 derivó en la apertura de la causa penal y el juicio oral realizado en noviembre. Valentín tenía solo cuatro años cuando falleció a causa de las acciones negligentes del profesional de la salud.
El tribunal concluyó que la muerte del niño se debió la negligencia del anestesista, que se apartó de sus obligaciones profesionales cuando salió del quirófano durante la cirugía, utilizó su teléfono celular y se comprobó que no había un desfibrilador en la sala.
Durante la audiencia, se señaló que el profesional no reaccionó ante las alertas dentro del quirófano y que fue una enfermera la que advirtió que el monitor estaba apagado. Esta acción complementó con la falta de controles clínicos tanto en los monitores como en la observación directa del paciente.
El juez explicó que el menor no presentaba problemas de salud previos a la cirugía y que la clínica disponía de la tecnología necesaria para garantizar una intervención segura. Sin embargo, las omisiones y acciones negligentes fueron determinantes para el desenlace fatal.
El juicio se desarrolló durante tres días en General Roca y contó con la representación del Ministerio Público Fiscal a cargo de Gastón Ezequiel Britos Rubiolo y Norma Reyes y la querella de los padres, Miguel Ángel Díaz Zeballos y Agustín Aguilar.
Con la declaración de culpabilidad, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha del juicio de cesura para determinar la pena correspondiente. Las partes tienen cinco días hábiles para presentar pruebas adicionales antes de la sentencia final.