Una gresca entre dos hombres enemistados terminó en un sangriento crimen en Cinco Saltos. Las pruebas pusieron en escena una nueva hipótesis. Qué resolvió la Justicia.
Un sangriento episodio ocurrido el 10 de abril del año pasado en Cinco Saltos, en el que un hombre resultó asesinado de una puñalada en el cuello, tuvo recientemente resolución judicial.
El ataque se produjo en medio de una discusión que mantuvieron dos hombres que mantenían una fuerte enemistad, aunque compartían un mismo terreno, ubicado en la calle Fernández Oro 1259, en una zona cercana al centro de la ciudad.
Según lo recabado en la investigación coordinada por la Fiscalía, el acusado -individualizado con las siglas JAL- estaba en su casa y alrededor de las 12 del mediodía ingresó Mauricio Casiano, de 35 años, y se enfrascaron en un altercado por “viejas rencillas”.
La disputa se agravó cuando Casiano tomó un cuchillo, con el que intentó agredir a JAL, quien también agarró un puñal con el que le asestó un puntazo en la región “submaxilar izquierda”.
Todo sucedió frente a otras personas que se encontraban en el lugar, entre ellas una mujer que residía en el mismo inmueble, que se encontraba en situación de precariedad y con acumulación de residuos.
El herido fue trasladado de urgencia al hospital local y luego al Castro Rendón de Neuquén, donde falleció a las pocas horas. JAL se entregó a la policía y quedó imputado por el delito de homicidio simple. La Fiscalía enumeró las evidencias recolectadas, que situaban al imputado como autor del hecho: la declaración de testigos presenciales -claves para arribar al esclarecimiento-, entre los que se encontraba la mujer y dos hermanos del imputado. Todos coincidieron en describir la mala relación previa entre los dos hombres.
La prueba reunida en el arranque de la pesquisa se engrosaba con las pericias realizadas por el Gabinete de Criminalística y la de los policías que trabajaron en la causa, los profesionales médicos que asistieron al hombre mientras estuvo internado y el equipo forense que trabajó posteriormente. También contaban con imágenes de cámaras de seguridad del lugar del hecho y del recorrido que realizó la víctima.
La causa fue elevada a juicio con la actuación del tribunal compuesto por Marcelo Gómez, Guillermo Baquero Lazcano, María Florencia Caruso Martín.
En una audiencia realizada a principios de julio el fiscal Gustavo Herrera propuso cerrar la causa mediante un juicio abreviado con una modificación en la calificación legal que aliviaba la situación del acusado: pidió que a la figura de homicidio simple se le anexara “cometido en exceso en la legítima defensa”.
Fundamentó el planteo en que la información obtenida al profundizar la investigación, puntualmente la declaración de uno de los testigos, llevó a avanzar en la teoría que indicaba que el acusado se defendió del ataque. En tanto que los otros testimonios recabados aparecían como “de difícil producción en un juicio”.
Asimismo, la Fiscalía informó que había mantenido un contacto con los familiares de la víctima, concretamente con la madre, a quienes les informó sobre el acuerdo y “manifestaron su conformidad para que se lleve adelante”.
El acuerdo que proponía el Fiscal establecía imponerle una pena de cuatro años de prisión efectiva. Consideró que JAL no tiene antecedentes condenatorios.
El defensor Oficial Mario Nolivo confirmó que adhería al ofrecimiento fiscal. La misma postura manifestó el acusado, con lo que quedó acreditado que confesaba su culpa, requerimiento establecido en el procedimiento penal.
La propuesta fue aceptada en forma unánime por el Tribunal, al destacar que “se ajusta a las normas legales”. Valoraron las pruebas obtenidas en la investigación que permitió atenuar la calificación. Precisaron en este aspecto que “L actuó excediéndose de los límites que la ley le permite para defenderse ante un ataque sufrido por las circunstancias mencionadas”. También mencionaron la confesión del hombre que terminó condenado.