Había asumido el cargo de presidente del Deliberante de Catriel, pero renunció tras ser imputado por amenazas y portación de arma de fuego.
El ex presidente del Concejo Deliberante de Catriel, Alberto Alfredo Ariaudo, tendrá que seguir cumpliendo las medidas cautelares que le impusieron cuando lo acusaron de amenazar a funcionarios del Poder Ejecutivo, incluida la intendente Daniela Salzotto, y portar un arma de fuego.
Ariaudo, quien presentó la renuncia al cargo cuando estalló el escándalo y no quiso realizar declaraciones cuando este medio lo consultó, está imputado por "coacción agravada por haber tenido el propósito de obligar a una persona a abandonar su trabajo, amenazas reiteradas y portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada".
Las pautas se extenderán por el término de cuatro meses o hasta la realización del juicio -lo que ocurra primero-, informaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Se precisó que el fiscal jefe solicitó esta extensión en función del vencimiento de las mismas, que opera este martes 15 de julio.
Las medidas que debe cumplir el ex funcionario son fijar y mantener domicilio, estar a disposición de la justicia a través de presentaciones personales una vez a la semana, además no debe realizar ninguna obstaculización con el accionar de la justicia, por ello el hombre no puede entrar en contacto por ninguna vía ni por terceras personas con los testigos, con la víctima principal y las demás personas mencionadas. Se suma a ello la prohibición de acercamiento no menor a 300 metros tanto de la vivienda de la Intendente, como tampoco puede acercarse al Municipio ni a la sede del Concejo.
Adhirió a este planteo la querella.
En cambio la defensa del acusado se opuso, al entender que "la investigación ya ha terminado, se ha ofrecido toda la prueba y esa es la primera cuestión que va a analizar objetivamente. Destacó además que el comportamiento procesal de su asistido durante todos estos cuatro meses "ha sido intachable". Requirió que la misma sea morigerada.
El Juez de Garantías interviniente hizo lugar al pedido de la fiscalía y la querella y extendió el plazo de la medida. Rechazó además la morigeración de las mismas, planteadas por la defensa.
“Es probable —no estoy afirmando que sea cierto— que haya tenido en sus manos un arma de fuego y que haya proferido otras amenazas; por ese motivo se le han formulado cargos”, expresó el magistrado.
Agregó que “existen testigos y una víctima, que es una mujer”, y que en ese marco “corresponde aplicar el principio de debida diligencia reforzada, de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente en materia de protección de los derechos de las mujeres frente a situaciones de violencia de género, como la que aquí se investiga”.
El primero de ellos sucedió el pasado 8 de marzo cuando Alberto Alfredo Ariaudo habría enviado un mensaje de WhatsApp y habría amenazado al asesor técnico del municipio, con el propósito de obligarlo a abandonar su lugar de trabajo, lo cual le causó temor.
El segundo fue el día viernes siguiente, cuando el imputado habría amenazado a la Intendente enviándole un mensaje por la red social WhatsApp, cuestión que le causó temor a la funcionaria.
El tercero de los hechos sucedió cuando el Presidente se habría hecho presente en la sede del Concejo Deliberante, portando un arma de fuego, tipo revólver, de uso civil, sin la debida autorización legal. En esas circunstancias habría exhibido la misma ante una cámara de seguridad interna, buscando intimidar a la Intendente Salzotto.
En relación al quinto, Ariaudo se habría hecho presente en el municipio y tras haber amenazado previamente por teléfono, intentó pegarle al secretario del área de Prensa y Comunicación. Y por último otro evento inmediato al anterior, ya que habría portado en el patio frontal del edificio Municipal un arma de fuego, tipo revólver, de uso civil, sin la debida autorización legal, la cual se las habría exhibido a dos personas.
La calificación legal por la cual la fiscalía formuló cargos oportunamente es la de coacción agravada por haber tenido el propósito de obligar a una persona a abandonar su trabajo, amenazas reiteradas, portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada.