Fiscalía imputó como partícipes necesarios a la ayudante, anestesista y a la mujer operada como partícipes necesarios. También imputó a las enfermeras como partícipes secundarias.
Una llamativa situación tuvo lugar en el Hospital Público de Villa Regina, cuando un cirujano plástico le realizó una cirugía estética a su esposa en el quirófano, sin la autorización administrativa ni sanitaria correspondiente. Fiscalía imputó a siete personas, entre ellas al médico, enfermeras, la ayudante del cirujano, el anestesista y la mujer intervenida quirúrgicamente.
La formulación de cargos se realizó este mañana, tras la postergación de varias audiencias pospuestas y suspendidas por pedidos de la defensa. El equipo fiscal imputó a las siete personas que conformaron el equipo médico que realizó la operación estrictamente estética, sin la autorización correspondiente a los protocolos administrativos y sanitarios en enero de 2025.
El magistrado resolvió imputar al cirujano como autor de peculado de servicios, mientras que el anestesista, la ayudante del cirujano y la mujer que se realizó la intervención, deberán responder como partícipes necesarios y tres enfermeras como partícipes secundarias.
El hecho se produjo el 12 de enero de 2025 “entre las 07:30 y las 18:00 aproximadamente, en el Hospital Área Programa de Villa Regina. Fue así que la intervención mencionada fue decidida, dirigida y ejecutada por el médico cirujano con la asistencia directa tanto de su ayudante como del anestesista”, explicó la fiscal del caso.
“Para ello, requirieron la colaboración del personal de quirófano, integrado por las enfermeras imputadas aportando su función específica y facilitando el uso de insumos y equipamiento del hospital”, agregó la fiscal.
El Ministerio Público Fiscal detalló que “la práctica fue realizada al margen del sistema regular de atención hospitalaria, sin orden médica registrada y sin habilitación administrativa, lo que implicó un uso indebido de recursos públicos y del servicio de salud, en beneficio de una persona determinada, ajena a toda atención asistencial debidamente autorizada”.
La señora operada –esposa del cirujano interviniente- consintió y aceptó que su intervención se ejecutara en el hospital público en esas condiciones, con un acuerdo previo con el autor de la cirugía para la utilización de recursos estatales para su exclusivo beneficio, lo que permitió y aseguró llevar adelante el acto quirúrgico.
Como sustento probatorio para esta instancia, la acusación enumeró la denuncia penal presentada por el director del hospital junto a la Fiscalía de Estado, además de la copia de la nota remitida al Ministerio de Salud, las copias del libro de guardia, el registro del quirófano, la foja de anestesia y la historia clínica de la paciente intervenida.
En el legajo se agregaron además el protocolo del servicio quirúrgico, entrevistas testimoniales y una nota enviada por el presidente del Colegio Médico de Villa Regina. Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos, estableciendo un plazo de investigación penal preparatoria de cuatro meses.
Durante la audiencia también tomó intervención la Fiscalía de Estado, que al inicio informó que “tras el ofrecimiento realizado por el cirujano, el interesado -en el marco de los criterios de oportunidad que prevé la Fiscalía de Investigaciones Administrativas- se aceptó una reparación económica”.
En esa línea se precisó que “en relación al informe de la Secretaría Auditora surge que ´se observa que el doctor realizó una intervención quirúrgica de carácter estético a su señora, haciendo uso de las instalaciones, insumos y personal destinados al servicio público. Se analizó documentación variada, y se concluyó que el Estado Provincial habría sido perjudicado en sus arcas públicas en la suma de $6.077.520,98, suma que el médico transfirió”, explicó el representante de la Fiscalía de Estado de Río Negro presente en la audiencia a través de la plataforma Zoom.
El funcionario agregó que "el prejuicio patrimonial ha sido reparado, el Estado está reparado, sin embargo vamos a acompañar la formulación de cargos en pos de la persecución del delito penal". Pese a la devolución del dinero, la querella sostuvo la necesidad de avanzar con la acción penal por la presunta comisión de un delito contra la administración pública.
Con la imputación ya formalizada, el proceso ingresó en etapa de investigación preparatoria, período en el que se profundizarán pericias y declaraciones. La causa pone bajo análisis el uso de recursos sanitarios estatales para una práctica estrictamente estética, realizada fuera de los canales institucionales previstos.