A CRE lo imputado por el delito de “robo simple”, mientras que a SJA por “Robo simple en concurso con violación de domicilio”.
Acuerdo y confesión
El fiscal Juan Pablo Escalada y el defensor Oficial Rodrigo Martínez consensuaron cerrar la causa en un juicio abreviado, lo que requería que ambos sujetos admitieran su responsabilidad en los hechos.
La propuesta, expuesta al juez Guillermo Merlo, establecía una pena de un mes de prisión de cumplimiento efectivo para CRE y la declaración de reincidencia, dado que contaba con antecedentes penales, por una condena de 6 años y 6 meses de prisión dictada en septiembre de 2017, la que había agotado en agosto de 2023.
En tanto que para SJA acordaron imponerle seis meses de prisión en suspenso más pautas de comportamiento por un lapso de dos años. Entre ellas, debía mantener domicilio, no cometer delitos, no “consumir alcohol en exceso en la vía pública”, abstenerse de consumir estupefacientes, someterse al control del IAPL, prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima y de su domicilio. En cuanto al vehículo que habían utilizado en el robo, y que había sido secuestrado, concertaron entregarlo a su titular.
El acuerdo contó con el aval del damnificado, y también la aceptación de los acusados, por lo que quedó asentado que asumían su responsabilidad en los hechos.
Respecto a CRE, el defensor pidió que cumpliera la sentencia en la Comisaría 32 del barrio La Paz a pedido del mismo sujeto. Explicó que el castigo era “de corta duración”, y además quedar en esa dependencia le favorecería cumplir con un tratamiento médico que debe seguir, y podría mantener contacto con su pareja, quien le suministra la medicación que tiene tomar.
El juez Merlo no objetó el acuerdo alcanzado por las partes. Explicó que los requisitos que se establecen “como esenciales para que la sentencia sea válida” se encuentran reunidos.
Sostuvo que la culpabilidad de ambos sujetos había quedado acreditada por la prueba presentada por la Fiscalía, y además ellos mismos habían confesado. A ello sumó la aceptación de la víctima.
En el fallo, fechado el 29 de octubre, el magistrado ordenó poner a CRE a disposición del Servicio Penitenciario Provincial, y pidió que “en la medida de las posibilidades” lo alojaran en la Comisaría 32 como había requerido por su estado de salud.
