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Al hombre lo mataron de un disparo en el pecho. La defensa del detenido e imputado, dijo que se trataba de una legitima defensa, pero fue descartado por la jueza.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Miguel Ángel Navarrete por un homicidio ocurrido muy cerca del Lago Pellegrini, en el paraje El Arroyón, en las inmediaciones de la ciudad de Cinco Saltos, donde la víctima fue encontrada sin vida más de un mes después del hecho.
Según la acusación, el imputado habría disparado con un arma de fuego de fabricación casera y luego ocultado el cuerpo de Eduardo Fuentes en un pozo tipo aljibe ubicado dentro del mismo predio.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía expuso que el hecho ocurrió entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de junio. La víctima habría llegado hasta la propiedad del imputado con la intención de reclamar animales que consideraba de su propiedad. En ese contexto, Navarrete, conocido como "concejo", lo habría sorprendido y le habría efectuado un disparo en el tórax, causándole la muerte.
De acuerdo con la fiscal adjunta que llevó adelante la imputación, el arma utilizada era de fabricación casera, de uso prohibido, y el acusado no contaba con autorización legal para portarla. Tras el ataque, el cuerpo fue ocultado en un pozo del mismo predio. El hallazgo se produjo recién el 24 de julio, cuando personal policial realizó un allanamiento con la intervención de la división canes especializada en búsqueda de cadáveres.
La calificación legal del caso es la de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de guerra, en calidad de autor, según los artículos 79 en función del 41 bis, 54, 189 bis segundo acápite, cuarto párrafo y 45 del Código Penal.
Entre los elementos de prueba mencionados por la Fiscalía se encuentra la denuncia por desaparición de persona radicada por la pareja de la víctima el 26 de junio, declaraciones de testigos, tareas del Gabinete de Criminalística y el informe preliminar de autopsia que determinó la causa de muerte. También se valoró el secuestro del arma presuntamente utilizada.
El imputado prestó una breve declaración, tras la cual la Defensa Pública argumentó que se trató de un caso de legítima defensa. Según su planteo, existen testigos que indican que la víctima y otro hombre llegaron al lugar durante la noche con intenciones de robo y portaban cuchillos.
Sin embargo, la jueza de Garantías que intervino resolvió admitir la formulación de cargos tal como fue presentada por la Fiscalía. Indicó que el hecho de haber ocultado el cuerpo luego del disparo debilita, al menos en esta etapa inicial, la hipótesis defensiva. No obstante, aclaró que se trata del comienzo de una investigación que se extenderá por los próximos cuatro meses.
Durante ese mismo plazo, la magistrada dispuso la prisión preventiva del imputado al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, dada la conducta posterior al hecho y la posibilidad de que, en libertad, pudiera influir sobre testigos.