La maniobra se concretó en pocos minutos. A las 9:37, la línea registraba actividad habitual en Viedma. Apenas 14 minutos después, la nueva tarjeta SIM fue dada de alta en territorio santiagueño, a una distancia de 1.642 kilómetros. Tras tomar el control, los delincuentes incorporaron un nuevo destinatario y realizaron tres transferencias por un total de 282.600 pesos.
Negligencia en los sistemas de seguridad
La consumidora presentó una demanda contra la telefónica y el banco. En primera instancia, el juez consideró que Movistar había vulnerado su deber de protección al permitir que un tercero obtuviera el control de la línea, pero liberó de responsabilidad a la entidad bancaria. Ante este fallo, la mujer apeló para incluir al banco y reclamar un mayor monto sancionatorio, mientras que la empresa de telefonía también solicitó que se condenara a la entidad financiera.
La Justicia condenó a una sucursal rionegrina del banco Credicoop por una estafa con un celular clonado.
Al revisar la causa, la Cámara ratificó el incumplimiento de la empresa telefónica. Aunque el sistema de autogestión exigía responder cinco preguntas de validación, los delincuentes lograron superar el control. Para los jueces, la activación de la línea a 1.642 kilómetros en un lapso de 14 minutos debía activar mecanismos adicionales de verificación, considerando además que la firma ya registraba sanciones previas por fraudes similares.
Respecto al Banco Credicoop, el tribunal sostuvo que las entidades financieras están obligadas a detectar operaciones sospechosas, aun cuando se utilicen claves correctas. En este caso, la incorporación de un destinatario sin historial previo y la realización de tres transferencias consecutivas en solo tres minutos constituyeron señales de alerta que el banco omitió controlar, sin requerir además una vía alternativa de confirmación.
Condena solidaria y elevación de la sanción
Los magistrados explicaron que la duplicación de SIM es un riesgo conocido en los servicios digitales, por lo que la entidad bancaria no podía excusarse en la falla de la telefónica. Al concluir que ambas empresas contribuyeron a la concreción del perjuicio, el tribunal fijó la responsabilidad solidaria de ambas frente a la clienta.
En cuanto a los montos resarcitorios, se confirmaron 1.358.385,88 pesos por daño material —que incluye el dinero sustraído más sus intereses— y 3.134.000 pesos por daño moral, valorando las consecuencias del hecho y los trámites requeridos para obtener reparación.
Por último, la Cámara modificó el daño punitivo, fijado originalmente en 4.492.385,88 pesos. Al considerar que esa suma resultaba insuficiente frente a la gravedad del incumplimiento y la falta de controles, los jueces elevaron la sanción económica al equivalente a diez canastas básicas totales para un hogar tipo 3, según los indicadores del INDEC vigentes al momento del pago.
