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El caso llegó al Juzgado de Paz de Fernández Oro. Le prohíben al hombre propagar fotos y videos de la mujer. De hacerlo, podrá ser arresto, pagar una multa económica o realizar trabajos comunitarios.
Una vecina de Fernández Oro recurrió al Juzgado de Paz local porque su expareja amenazó con difundir imágenes íntimas de ella, además de haberla sometido a situaciones de violencia “emocional y psicológica”, según aseguró.
La presentación fue realizada a mediados de diciembre del año pasado y, como consecuencia, Gabriela Rodríguez, titular del organismo judicial orense, dictó una resolución que le advierte a DDLCSG (así lo identifican al acusado) que debe cesar el hostigamiento o será sancionado.
Entre las pautas de comportamiento que le impuso, no debe acercarse a menos de 500 metros de la casa de la mujer.
Pero también le prohíbe “la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos” en redes sociales, mensajería instantánea y cualquier otro medio social donde se comparta información “que afecten la intimidad , imagen y honor” de la denunciante.
La medida incluye la prohibición de agredirla, molestarla u hostigarla a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto agraviantes o amenazantes ni por redes sociales como Facebook o Whatsapp.
En caso de incumplimiento, le anticiparon a DG que le puede corresponder una pena de arresto, multa económica o la realización de trabajos comunitarios.
La Jueza ordenó solicitar el auxilio de la policía ante la posibilidad de caer en desobediencia y, de ser urgente, alertar a la comisaría 26 de Fernández Oro.
Entre los fundamentos de la resolución, Rodríguez destacó que “se debe tener en cuenta en esta situación denunciada que las nuevas formas online de comunicación y realidad virtual genera reglas propias y dan lugar a un universo paralelo que carece de límites, y donde las características de la realidad se reinventan y las categorías sociales como el género se han visto amenazadas en este nuevo entorno, quedando las mujeres expuestas a agresiones de todo tipo”.
Agregó que en este escenario, “las diferentes formas de violencia de género se han trasladado a las redes sociales” y otros mecanismos de comunicación (como Whatsapp y mensajes de textos), lo que “han proporcionado a los agresores un nuevo contexto en que ejercer conductas violentas con las mujeres, en el que la gratuidad, facilidad de acceso, anonimato, dificultad de rastreo, diversificación en las formas de acoso y sensación de falta de control para la víctima constituyen elementos determinantes para los potenciales agresores”.
Además de amenazarla con propagar videos o fotos íntimas, la mujer también relató que el hombre la sometió a episodios violentos.
Mencionó por caso que en una oportunidad DG, utilizando un cuchillo de grandes dimensiones, le dañó una de las ruedas de su auto.
En este aspecto, la jueza sostuvo que las conductas violentas sobre objetos, como los de la casa, son indicadores de riesgo conculcado con el perfil del agresor, de acuerdo a lo que establece “el protocolo para el abordaje con perspectiva de género en las actuaciones judiciales”.
En otra medida tomada por la jueza, ordenó a ambos presentarse a una entrevista para evaluar si requieren iniciar un tratamiento con la psicóloga del Hospital de su domicilio de su ciudad, por lo que debían comunicarse con el Servicio de Salud Mental con el fin de acordar la modalidad del tratamiento, si correspondiere.
También les informó que pueden solicitar asesoramiento legal en el CADEP -Centro de Atención de la Defensa Pública- a fin de que se le designe un Defensor Oficial, en caso de no contar con recursos para un abogado particular.
En un caso similar, la jueza Rodríguez tomó las mismas medidas contra un hombre de Oro que también había amenazado a su exnovia con mostrar imágenes íntimas de ella.
La chica aseguró que OMM le había mandado mensajes agresivos que le causaron temor, junto con la advertencia de divulgar fotos y videos personales. Como a DDLCSG, en caso de no acatar lo resuelto lo pueden arrestar, imponerle una multa o trabajos comunitarios.