Organismos de Derechos Humanos concurrieron ayer a tribunales para manifestar a los jueces del fuero Penal su preocupación por la forma en la que la Policía cumple con las órdenes de allanamiento en el barrio Anai Mapu. La Multisectorial contra la Represión de Río Negro y Neuquén tenía previsto reunirse con Sonia Martín, a cargo del juzgado 2, pero la magistrada no se encontraba en el lugar, por lo que mantuvieron una audiencia con Gustavo Herrera (juzgado 6). "Él se desligó de la responsabilidad sobre cómo actúan los agentes, nos explicó que los magistrados ordenan los procedimientos, pero es la Policía la que los lleva a cabo", dijo Romina Bartozzetti.
Los cuestionamientos surgieron por las violentas irrupciones en viviendas que se produjeron en agosto, cuando se llevaron a cabo 12 pesquisas y se encontraron tres armas: dos tumberas y un revólver calibre 32 corto.
La Multisectorial cuestiona la modalidad de los operativos y su eficacia para lograr el objetivo de revertir el creciente nivel de violencia en el sector.
"Consideramos que la Justicia debería dar otro tipo de respuesta. Está claro que ningún juez va a mandar a violar los Derechos Humanos, pero cuando hay episodios de excesos como los que se han denunciado, al menos debería iniciarse una investigación", expresó Bartozzetti.