El legislador recordó que durante el 2006 tomó estado parlamentario el proyecto de Régimen de Regularización por el cual se precisaban las características del agricultor y de la chacra necesaria para ingresar a este régimen. Este proyecto, luego de varias reuniones con los distintos actores, Consorcios y Mujeres en Lucha, se trató, y aprobó, en primera vuelta, en la convicción que en el período establecido en el artículo 141 de la Constitución Provincial, se terminaría de acordar, arrimando posiciones, el texto definitivo.
Señaló que “fueron vanos los esfuerzos realizados para lograr esto, llegando al extremo que nunca se recibió ninguna propuesta de los Consorcios, y que cada vez que se accedía, sin perder el concepto del proyecto, a lo solicitado por las Mujeres en Lucha, aparecía algún nuevo ingrediente o algún actor que hasta el momento, y en casi dos años, no había aparecido ni mostrado interés, como es el caso de la Federación de Productores”.
Torres aseguró que “resulta claro que es el Estado quién debe regular sobre este tema y que no puede dejarse librado al libre albedrío de los Consorcios a quién sí y a quién no se favorece con algún trato preferencial”. Destacó que “asimismo, no se puede continuar con la oposición al cobro de las deudas por vía judicial y el impedimento de los remates por parte de las Mujeres en Lucha, sin legislar a quién protegemos, por más que en cualquiera de los dos casos los actores pierdan protagonismo”.
