Piden funcionamiento del Comité anti impunidad y “defensor oficial” para víctimas

Cipolletti – La comisión Anti Impunidad de Cipolletti cuestionó la falta de trabajo del Comité provincial, asegurando que “no se reúne por problemas políticos” y que eso condiciona la asistencia a los familiares de las víctimas. Además se adelantó que se presentará un proyecto para “equiparar la asistencia” que el Estado brinda a víctimas y victimarios.En la sede de la comisión Anti Impunidad de Cipolletti se brindó una conferencia de prensa que contó con la participación de referentes de la entidad, encabezados por Ulises González, el abogado Marcelo Velasco y el secretario ejecutivo del Comité Provincial de Adhesión al Programa Nacional Anti Impunidad, Oscar Meilán. El funcionario provincial reconoció que “el comité no se reúne hace seis meses, por cuestiones ajenas a la parte ejecutiva”. Y González sostuvo que “para mi son los problemas políticos entre las partes los que hacen que no funcione correctamente”.El Comité se formó al adherir la provincia al programa nacional contra la impunidad y está integrado “por el ministro de Gobierno, la Procuradora General y dos legisladoras, que son Nelly Meana y Beatriz Contreras”, informaron los referentes cipoleños. Meilán explicó, además, que “contamos con un presupuesto magro, alcanza para mantener algunos cargos y oficinas, pero para que el programa crezca necesitamos más” y Velasco informó que “no recibimos aportes de Nación”.A pesar de ese panorama, González expresó que “nosotros estamos creciendo. Lo notamos en la cantidad de gente que viene, en su mayoría humilde. También porque recibimos casos de Neuquén y hasta uno de Tierra del Fuego”. Por eso, esperan que se implemente un presupuesto para el funcionamiento de las oficinas “de todo el país” a través del gobierno nacional.Por otro lado, los referentes de la Comisión cipoleña adelantaron que se trabaja en un proyecto para instaurar una figura similar a la del defensor oficial, pero para asistir a los familiares de las víctimas. “No existe una atención gratuita, como sí los defensores oficiales, que está muy bien que exista. Pero no hay una figura que atienda a víctimas o familiares. Y tendría que darse una lucha muy grande en los parlamentos”, expresó Meilán.“Se trata de igualar armas, de cómo garantiza el Estado la defensa del imputado y los derechos de las víctimas. Tiene que ser una política de Estado la contención y la asistencia jurídica”, manifestó Velasco. “A los asesinos los defienden sean ricos o sean pobres. Estamos empezando a trabajar en un proyecto para eso”, agregó González.