En el orden del día del encuentro, que se concretará a las 9 en el quinto piso del edificio municipal, el tema figura como una nota en la que se plantea en lenguaje administrativo "declarar de utilidad públicas a parcelas del Barrio Obrero para ser destinadas a loteos sociales para vivienda única".
Debido a la altura del año en que se conoce la propuesta y por el poco tiempo que queda para la asunción de las nuevas autoridades municipales, la respuesta al Parlamento provincial quedará para los ediles que asuman el 9 de diciembre.
Será un proyecto que quemará como brasa caliente para los concejales que recién asuman. Es conocida la firmeza con que la dirigencia y los habitantes de la toma han venido efectuando su reclamo de expropiación.
La propia iniciativa que se baraja en la Legislatura surgió a partir de demandas efectuadas por Lilia Calderón y los pobladores a un grupo de parlamentarios que trabajaron un texto para dar un marco legal a la medida solicitada.
La referente de los ocupantes había realizado el pedido, en su momento, también el Ejecutivo municipal y el CD, cuyas autoridades rechazaron intervenir en la realidad del Barrio Obrero A por existir un litigio con su propietario, Carlos Romero, quien incluso había conseguido de la Justicia una orden de desalojo.
Por eso, para algunos concejales ahora se tendría que haber devuelto, sin más rodeo, la nota a la Legislatura, debido a que la comuna ya tiene posición tomada en el caso y no piensa intervenir.
Otros ediles tienen otro punto de vista y lo impusieron. Para ellos, la contestación tiene que ser resuelta por el futuro oficialismo municipal, atendiendo a que el intendente electo, Aníbal Tortoriello, ha
manifestado su predisposición a regularizar la situación de las tomas. Por eso se envío el requerimiento a comisión.
En el asentamiento, que se inició en 2009, habitan en la actualidad más de 460 familias.
